La Iglesia colombiana, artesana de la cultura del encuentro con los migrantes venezolanos

El papa Francisco en reiteradas oportunidades ha expresado su preocupación por la situación de los migrantes y los refugiados en el mundo. En su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 2018 ha sido enfático: “A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia”.

Ante esto, Colombia, el séptimo país más católico del mundo –según el Anuario estadístico de la Iglesia 2015– afronta un gran desafío con el incremento del flujo de migrantes, especialmente venezolanos, que, debido a la grave crisis económica del vecino país han cruzado la frontera, dejándolo todo, en búsqueda de oportunidades.

Los obispos, la vida religiosa, los laicos y el clero colombiano, atendiendo el llamado del Papa de construir puentes y derribar muros, se han convertido en auténticos artesanos de la cultura del encuentro con el pueblo venezolano. Así se percibe en la acción pastoral de la Iglesia en Cúcuta, Bogotá y Maicao, tres ciudades sensibles al fenómeno migratorio.

Cúcuta, la puerta de ingreso

Cifras oficiales brindadas por Migración Colombia revelan que, para finales de 2017 más de 550.000 ciudadanos venezolanos se encontraban en el territorio nacional, siendo el puesto de control migratorio ubicado en Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta (capital de Norte de Santander), el que registra mayor afluencia.

En voz de su máxima autoridad eclesial, Víctor Manuel Ochoa, obispo de la diócesis de Cúcuta, “hemos emprendido una tarea de acompañamiento y de atención pastoral de cuanto está sucediendo en la frontera desde hace dos años y medio, en un primer momento con los colombianos que fueron deportados con el cierre de frontera, y no mucho después con el flujo de hermanos venezolanos hacia Colombia, es una situación que ha ido creciendo progresivamente”.

En una casa de paso llamada ‘La Divina Providencia’ se reparte diariamente alimentación, al igual que en otras ocho casas administradas por parroquias. “Desde hace seis meses tenemos entre 40 y 50 personas cada día, sirviendo en una sola casa a los venezolanos, pero si sumamos las ocho casas, creo que estamos superando las 200 personas al servicio de los hermanos venezolanos”, cuenta monseñor Ochoa.

“Llegan sin nada”

“En los últimos días hemos experimentado un flujo muy grande, con una gran pobreza de las personas que están llegando, inclusive hay imágenes que rompen el alma porque son personas que llegan a Cúcuta sin nada”, acota el obispo.

Los fenómenos migratorios son complejos, por lo que monseñor Víctor le pide al Gobierno colombiano atender y cuidar a estas personas, “pues está superando la posibilidad misma de los actores sociales y de caridad que hay en la ciudad, y es necesario que intervengamos mucho más claramente”.

“Hay urgencias en salud muy grandes, hay necesidad de medicinas, de atención hospitalaria, hay situaciones casi dramáticas en los asilos de ancianos y una cantidad increíble de niños en la calle. Creo que el gobierno central debe enfrentar esta nueva situación. Puedo decir que no ha faltado el interés del gobierno, pero es necesario intervenir de manera más ordenada”, puntualiza.

Permanencia en Bogotá

Con la puesta en vigencia del Permiso Especial de Permanencia (PEP), por parte de Migración Colombia, en 2017  –que acaba de ser extendido a dos años–, el 40% de la población venezolana regularizada se quedó en Bogotá, donde la Iglesia cuenta con la Fundación de Atención al Migrante (FAMIG), constituida por 3 centros de atención en la ciudad: el Centro de acogida del terminal de transporte terrestre (CATT), el Centro de atención al migrante (CAMIG) y el Centro pastoral y de capacitación (CEPCA), creado en 2002 por decreto arzobispal.

La dinámica del FAMIG se comprende, grosso modo, en la siguiente secuencia:

• en el CATT se asesora a quienes llegan al terminal de transporte El Salitre, el principal de la ciudad;
• aquellos casos de extrema necesidad son remitidos al CAMIG, donde pueden pernoctar, con alimentación incluida, por máximo cinco días, mientras hacen tránsito a otro país o ubican un lugar donde poder quedarse;
• finalmente, en el CEPCA, ubicado en la localidad de Kennedy, se ofrecen cursos de peluquería, panadería y pastelería, corte y patronaje y sistemas para migrantes ya establecidos.

Su secretaria ejecutiva, la hermana Teresinha Monteiro, asegura que la demanda de venezolanos para albergarse en la casa de paso del CAMIG ha sobrepasado su capacidad. Mensualmente atiende a 512 personas en promedio, lo que se traduce, para el año 2017, en alrededor de 6.000 personas.

Casas de familia ‘samaritanas’

“A raíz de todo esto, a través de casas de familia hemos propuesto la iniciativa de arrendar habitaciones por un monto de 6.000 o 7.000 pesos por noche, donde las personas pueden cocinar, acceder a servicios de internet, lavandería, aseo personal y pernoctar”, comenta la religiosa.

Asimismo, explica que el principal obstáculo de los migrantes venezolanos en Bogotá es su regularización migratoria para poder trabajar, pues el PEP cubrió solo a un sector de migrantes, 69.000 en total, de acuerdo con las cifras oficiales. “A muchos de ellos los rechazan por no tener los papeles en regla”.

¿Visa para un sueño?

Y es que una visa de trabajo ronda los 300 dólares, incluyendo –como requisito mínimo– información bancaria de los empleadores, lo cual dificulta su obtención, pues muchas empresas consideran que estos datos son “muy confidenciales”. Además, la mayoría que llega a la capital del país, viene escapando de la miseria, sin dinero suficiente, sólo con la esperanza de encontrar un trabajo con el cual sustentarse.

Como mujer de fe, la hermana Teresinha propone al gobierno de Colombia una campaña de sensibilización con la población, donde se promueva la cultura de la acogida. De este modo, se podrían evitar generalizaciones que traen consigo estereotipos.

De igual forma, agrega la religiosa, “no se debe pensar como políticos, sino desde la atención humanitaria, reconocer su dignidad como personas y facilitar los procesos de documentación para regularizar su estatus migratorio”.

Ayuda humanitaria en Maicao

En Maicao, aunque con una afluencia menor, que llega al 19% del total de las entradas al país –de acuerdo con las datos de Migración Colombia–, Paraguachón es otro de los pasos fronterizos donde la Iglesia acoge a muchos venezolanos, generando inclusive, “por los caminos verdes”, modalidades de ayuda humanitaria, principalmente en alimentos y medicinas. Ambos países comparten la región de La Guajira, históricamente relegada por los gobiernos de turno de las dos naciones.

Jheimmy Naizzir Velásquez, coordinadora del Centro de Atención al Migrante y Refugiado  de Maicao, creado por la diócesis de Riohacha y apoyado por ACNUR, explica que en la casa de paso “se tiene un promedio de 75 personas pernoctando por noche, la mayoría mujeres. Estamos empezando a recibir personas con enfermedades crónicas. Tenemos una articulación con Cáritas Internacional hasta el mes de marzo, para entrega de medicamentos, y espero que se mantenga”.

Esta zona fronteriza del nororiente colombiano se caracteriza por su permeabilidad migratoria. El pueblo indígena wayuu siempre lo ha considerado un único territorio sin fronteras, por lo que el paso se hace expedito, pero a la vez peligroso, por las llamadas trochas o caminos ilegales.

Escasez aguda de alimentos, medicinas y educación

Ahora, con la escasez aguda de alimentos y medicinas, muchos padres de familia optan por matricular a sus hijos en Colombia. “Desde la tercera semana del mes de enero ha habido un incremento significativo, sobre todo por el inicio del año escolar, pues muchos padres venezolanos quieren que sus hijos ingresen al sistema educativo”, explica Jheimmy.

Sin embargo, se presentan obstáculos con la documentación “por el tema de la apostillada que aún se mantiene”, además de la imposibilidad de tramitar un pasaporte en Venezuela. Esto limita mucho a la hora de matricular, pese a que el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, en atención a la Convención Internacional de Derechos del Niño, reguló en esta materia, permitiendo que aún sin documentos cualquier niño no se le puede negar el acceso a la educación.

“Nos preocupa mucho que por falta de documentos de identidad, en el programa de alimentación escolar a los niños venezolanos se les niega este beneficio, pues se le otorga sólo a los que están registrados, como la ley demanda, sólo a los colombianos. A esto se le suma la falta de cupos, ya eso escapa de las manos y no podemos hacer gestión alguna”, señala la coordinadora del Centro de Atención al Migrante y Refugiado de Maicao

Clamor al gobierno colombiano

Jheimmy, como laica comprometida, pide al gobierno colombiano hacer cumplir su rol desde “una condición humana digna, que no haya humillación ni vulneración de derechos, pues allí está el verdadero inconveniente, cuando se aplica la ley de manera violenta”.

“Mientras no haya directrices claras del Estado colombiano, en cuanto a atención humanitaria, nunca habrá una respuesta a la solución de los problemas [de los migrantes venezolanos] que no sea el desalojo y la deportación”, concluye.