El alcalde de Santiago defiende el pregón de carnaval

Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela, ha defendido esta mañana, 15 de febrero, la pertinencia del pregón del carnaval, que ha generado un “profundo sentimiento de pena” en la Archidiócesis compostelana tras haberse proferido “ofensivas palabras” contra el Apóstol y la Virgen del Pilar.  En palabras del alcalde, el pregón está enmarcado “dentro de la sátira y la crítica”, así como “dentro de los límites del humor”.

Al mismo tiempo, el regidor denuncia haber recibido amenazas de muerte, pese a no haber asistido al pregón, y pide que no se contribuya a “una ola represiva que intenta regular la libertad de expresión y los derechos fundamentales”.

La Archidiócesis compostelana ha convocado para este sábado, 17 de febrero, una vigilia de oración en la catedral, en tanto que en la Archidiócesis de Zaragoza, el arzobispo ha dispuesto que en todas las eucaristías que se celebren el domingo 18 se haga una oración de desagravio y reparación por las referidas ofensas

Boicot universitario en la imposición de la ceniza en Sevilla

La asociación juvenil Celestino Mutis, de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, ha escrito una carta abierta a la comunidad universitaria tras el boicot que denuncian sufrieron durante la celebración de la imposición de la ceniza ayer, Miércoles de Ceniza.

En la carta afirman que “soñamos con una UPO donde todos podamos ejercer nuestras libertades, en concordia y respeto“, apostando por no devolver mal por mal, con el convencimiento de luchar por un mundo mejor desde el pacifismo y la búsqueda de la verdad.

Archivada la causa contra el obispo emérito de Cádiz

Antonio Ceballos, obispo emérito de Cádiz-Ceuta ha visto como la causa en la que se encontraba como investigado ha sido archivada por la jueza María Núñez. En la causa se investigaba una ayuda de 300.000 euros para un centro geriátrico gestionado por la diócesis. En palabras de la jueza, “más que delincuentes podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación” de la Junta de Andalucía.

La magistrada califica la gestión y la tramitación de las ayudas, responsabilidad de la Dirección General de Trabajo, como caótica y desordenada y de la que no se puede responsabilizar al ciudadano, por lo tanto, estos no tienen ninguna responsabilidad penal.