En 2016, España “solo acogió al 1,29% de todas las personas refugiadas que entraron en la Unión Europea: una proporción muy alejada de su peso económico y político en la Unión”. Esta es una de las principales conclusiones del informe ¿Acoger sin integrar?, realizado por la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de Comillas ICAI-ICADE, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, presentado este jueves 15 en la universidad madrileña.
El estudio, en el que se analiza con datos recabados y con entrevistas personales la acogida e integración de los refugiados que llegan a nuestra sociedad, ofrece numerosos datos para la reflexión. Uno muy significativo es que si entre 2008 y 2014 la media de solicitantes de asilo en nuestro país estaba entre las 4.000 y las 6.000, en los dos años siguientes se ha disparado, hasta alcanzar las 14.887 en 2015 y las 16.554 en 2016. Según ha contado en la presentación Juan Iglesias, director de la Cátedra de Refugiados y Desplazados Forzosos de Comillas, el cálculo, aunque no oficial, es que las solicitudes de asilo han llegado a 31.700 en 2017.
Con todo, la respuesta de España dista mucho de ser generosa. Al menos en comparación con países como Alemania, que, según detalla el informe, “acogió a un 34,41% de las personas solicitantes de asilo en el mismo período 2007-2016”.
Soportan el peso países ya desbordados
Con todo, en términos relativos, el conjunto de la Unión Europea está ofreciendo una acogida muy por debajo de lo que podría… “En estos dos años –ha lamentado Iglesias–, la UE solo ha acogido a cuatro de cada 100 desplazados forzosos en el mundo, teniendo que ser los principales países receptores los de los países del entorno de esos otros en crisis. En el caso de Siria, por ejemplo, Turquía acoge a dos millones de sus refugiados y Líbano a un millón. Hablamos de sitios mucho menos preparados que nosotros y que están desbordados”.
Así, prosigue el informe, “las 11.165 personas refugiadas sirias acogidas en España durante la guerra y la crisis de desplazamiento (2011-2016) apenas representan el 0,16% de los cinco millones de personas refugiadas sirias acogidas en los países vecinos (Jordania, Turquía, Líbano, Irak), a pesar de su menor nivel de desarrollo y de sus actuales dificultades políticas y económicas”.
Como ha ilustrado el director de la Cátedra de Refugiados y Desplazados Forzosos de Comillas, “si la UE no está cumpliendo sus compromisos, España aún menos: solo han venido el 29% de los refugiados comprometidos por la vía del reasentamiento y el 14% por la de la reubicación“.
Falta de capacidad
Como constata el informe, el enorme crecimiento de las solicitudes de asilo provocó en 2015 una “crisis del sistema” cuya incapacidad se reflejó en el hecho de que muchas de estas personas, ante la “desprotección” sufrida, optaran al final “por seguir su camino hacia el norte de Europa”.
Sobre las “causas profundas en la falta de protección y acogida, especialmente en la frontera sur”, nos encontramos con “la falta de capacidad instalada para la acogida y el procesamiento de expedientes de asilo, muy ligada a los recortes presupuestarios producidos durante la crisis económica, así como en los continuos titubeos políticos en relación al sistema y al modelo de protección internacional en España”.
Lo positivo, reconocen los jesuitas, es que, desde que se tocara fondo a mediados de 2015, la Administración ha empezado a responder con “inversión presupuestaria e incremento del personal que tramita las solicitudes y de las plazas de acogida gestionadas por las organizaciones sociales. (…). Así, por ejemplo, las plazas de acogida pasaron de 930 en septiembre de 2015 a 4.300 en enero de 2017, y se espera que alcanzaran las 8.700 a finales de 2017”.
Con todo, lamentan en el informe, “la celeridad en la respuesta administrativa no se ha traducido en el desarrollo del marco político y legislativo español, ni en el cumplimiento de los programas de reubicación y reasentamiento promovidos por la UE en julio y septiembre de 2015”. En septiembre de 2017, El Ejecutivo “solo había reasentado desde los países vecinos a 631 personas refugiadas de las 1.499 comprometidas: el 44% del total acordado. Por lo que respecta a la reubicación desde Italia y Grecia, el Gobierno solo ha reubicado al 8% de la cuota comprometida en septiembre de 2017: 1.257 de 15.888”.
Precarización laboral
Más allá de los datos referentes a la acogida, el estudio se muestra igualmente crítico respecto a la integración social de los refugiados que viven en nuestro país y que se percibe en aspectos como su escasa aceptación en el mercado laboral. Así, pese a que su formación no esté por debajo de la media (hasta un 20% tengan estudios universitarios y un 46% han completado la educación postobligatoria, como bachillerato y FP), la mayoría “desempeñan trabajos manuales de baja cualificación” que, además, se realizan “bajo relaciones y condiciones laborales precarias”, con “temporalidad, salarios bajos, trabajo intensivo, jornadas parciales no deseadas, horas extras o subcontratación”. Muchos otros padecen un “desempleo de larga duración, ante lo que se produce un acusado deterioro de su situación personal, económica y familiar.
En cuanto a la vivienda, los refugiados suelen vivir en barrios del extrarradio de las grandes ciudades y normalmente lo hacen en pisos compartidos que, “en ocasiones, se encuentran fuertemente sobreocupados, como si fueran barracones laborales, donde la convivencia, el descanso y la intimidad son mucho más frágiles”.
Por último, a nivel de integración cultural, pese a que no se detecta un “ambiente de hostilidad” hacia esta comunidad, sí se constata, en diferentes ámbitos y en su día a día, que “la población refugiada sufre un fuerte estigma por su origen étnico, nacional y religioso”.
Como ha constatado en la presentación del informe el jesuita Josep Buades, del SJM, “si bien es un motivo para una cierta satisfacción que en España no se produzca el abierto rechazo hacia los refugiados que sí se ve en otros países, sí hay episodios de microxenofobia que se reflejan en aspectos como los recelos de muchos ciudadanos a la hora de contratar a una de estas personas o alquilarles un piso “.
Menos burocratización
La conclusión última para las entidades jesuitas es que, para fomentar una acogida real, sería necesario impulsar una serie de “políticas estructurales de integración social” y de las que “el Estado español adolece en este momento”. Algo que requiere, en definitiva, romper con la “excesiva linealidad y burocratización del sistema”, encorsetado en tipos de ayuda por fases de seis a nueve meses, cuando lo ideal sería tratar de adaptarse a las situaciones concretas de las familias atendidas y tratar de fomentar su “integración socio-cultural” en los entornos en los que vivan, partiendo, así mismo, del compromiso de las autoridades locales.
Como ha concluido Buades, “no basta con la acción de las ONG ni con la del Estado, necesitamos el compromiso de la sociedad y que se impulsen para estas personas redes sociales en los que sean tratados con familiaridad en ámbitos como la vivencia de su fe, el deporte o la cultura”.
