Como parte de los resultados de la conferencia “Colombia en el pacto global para personas migrantes y refugiados 2018”, realizada en Bogotá, el pasado 31 de enero y 1º de febrero, sus organizadores presentaron una declaración conjunta donde manifiestan que “identificamos los principales avances y retos del país respecto al sistema de refugio y migraciones, con el propósito final de contribuir con recomendaciones y propuestas hacia la garantía de los derechos de las personas refugiadas y migrantes con aplicación del principio de igualdad en el contexto de construcción de paz”.
Diversas organizaciones de migrantes y refugiados –varias de ellas de la Iglesia católica– e instituciones académicas, reconocieron “los avances logrados en la Declaración de Nueva York del 13 de septiembre de 2016, suscrita en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde los jefes de Estado y de Gobierno adquirieron una serie de compromisos en relación a la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas refugiadas y migrantes”.
Respuesta integral a los refugiados
Todo esto, por supuesto, bajo “un nuevo enfoque y un sentido más amplio en términos de solidaridad y de cooperación entre Estados, al adoptar, entre otras, un marco de respuesta integral para los refugiados”.
Desde el pontificado de Francisco, el tema de migración y refugio ha suscitado acciones conjuntas, con un llamado a la construcción de la cultura del encuentro y acogida, condensado, principalmente, en su principal metáfora de “derribar muros y tender puentes”.
Ante esto, las organizaciones colombianas (seglares, académicas y eclesiales) han coincidido en acoger “el mensaje del papa Francisco, el cual ha reiterado su invitación a ir más allá de la asistencia humanitaria buscando realizar acciones más integrales y hospitalarias que permitan acoger proteger, promover e integrar a la población migrante y refugiada”.
Respaldo al proceso de paz
Otro de los elementos fundamentales son los atinentes a la paz, el perdón y la reconciliación, por los cuales también la misma Iglesia ha apostado. En este sentido, las organizaciones han menifestado su “respaldo al proceso de paz en Colombia”, pidiendo que “esté acompañado de una estrategia en materia de prevención de violaciones a derechos humanos”, promoviendo, a su vez, “mecanismos para la garantía de derechos de las víctimas que se encuentran en el exterior”.
Asimismo han denunciado situaciones de vulneración de derechos fundamentales frente a los desplazamientos internos, transfronterizos y/o transnacionales forzados, y, más grave aún, el asesinato de líderes, por lo cual las instituciónes que trabajan con personas en situación de movilidad humana reiteran “el deber de protección que Colombia como país debe brindar tanto a los nacionales como a las personas migrantes y refugiadas asentadas en el territorio”.
Con base en los preceptos de protección integral a refugiados, migrantes, desplazados asentados en territorio, y bajo los principios de la paz y la cultura del encuentro y la acogida, estas organizaciones han formulado una serie de recomendaciones al Estado colombiano, a otros Estados, a la comunidad internacional y a la sociedad civil.
Frente a los migrantes, apostar por ‘buenas prácticas’
“El Pacto Global de Migrantes y el Pacto Global de personas Refugiadas 2018 es una oportunidad para que Colombia, un país que busca la construcción de la paz, realice ajustes de política que garanticen los derechos de refugiados, migrantes y su política de reparación integral a víctimas en el exterior, de manera que esto pueda representar en un futuro cercano una ‘buena práctica’ para América Latina y el mundo, en materia de garantías de derechos de las personas refugiadas y migrantes”.
En cuanto al Estado colombiano, las organizaciones exhortan a poner en marcha urgentemente las medidas identificadas en los diferentes instrumentos de política migratoria internacional y el sistema de refugio ratificados por el Estado (Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, Convención para reducir los casos de apátrida, Declaración de Cartagena sobre refugiados, Convención sobre el Estatuto de los apátridas, entre otros).
Salud para todos
También es indispensable una “intervención en materia de salud para migrantes y comunidades de acogida, especialmente en fronteras”, toda vez que “la atención en salud debe ser universal para todos los colombianos y colombianas, así como extranjeros, independientemente de su situación administrativa migratoria”.
En cuanto a otros Estados y a la comunidad internacional, además de exhortar a los que no hacen parte de los acuerdos internacionales de protección “a que se vinculen de manera activa”, piden construir “una misión de seguimiento desde el seno de las Naciones Unidas para asegurar el retorno bajo los principios internacionales, garantizando el respeto irrestricto al principio de no devolución, previniendo la cesación de la condición de refugio y alentando a que los Estados mantengan su compromiso en materia de integración local y soluciones estables y duraderas”.
Luchar contra la xenofobia
Finalmente a la sociedad civil se recomienda “conformar una delegación para alertar sobre la crisis humanitaria de migración forzada internacional de Colombia a los países de acogida”, como también ser garantes de derechos e integración de los migrantes, a través de procesos de formación y sensibilización en comunidades de acogida, a través campañas informativas masivas que “luchen contra la xenofobia y eliminación de todo tipo de estigmatización a personas migrantes y refugiadas, vinculando a los medios de comunicación privados y públicos para que desarrollen un papel de mediadores frente a la sociedad, emitiendo mensajes de solidaridad y cooperación”.
