La Santa Sede ha realizado su aportación al Pacto Global sobre Migraciones que se negocia en Naciones Unidas con la mesa redonda que ha organizado hoy en la sede de esta organización internacional en Nueva York. El encuentro planteó la necesidad de acabar con los centros de detención para los migrantes y refugiados que no han alcanzado aún la mayoría de edad.
El arzobispo filipino Bernardito Auza, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, lamentó que se siga recurriendo a estos centros pese a que existen “sólidas evidencias” de lo negativos que resultan para los niños y adolescentes. “Hay un creciente consenso internacional, que está reforzado por la jurisprudencia regional e internacional, acerca de que los centros de detención para inmigrantes menores de edad nunca son lo mejor para ellos”. Auza advirtió que tampoco son positivos para los países que los promueven, ya que resultan “caros”, “pesados” y raras veces tienen un efecto disuasorio sobre potenciales nuevos inmigrantes.
El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU lamentó que el compromiso de la comunidad internacional en 2016 para acabar con estos centros no se haya cumplido pese a la existencia de consideraciones “legales, políticas y prácticas” para hacerlo.
La mesa redonda estuvo moderada por el jesuita checo-canadiense Michael Czerny, subsecretario de la sección dedicada a los migrantes y refugiados del dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral. Además de Auza, participó en el debate Ted Chaiban, director de programas de UNICEF, y Robert J. Vitillo, secretario general de la Comisión Católica Internacional para las Migraciones.
El ejemplo positivo de Italia
Czerny brindó algunas propuestas para acabar con los centros de detención para niños y adolescentes migrantes de forma “permanente” y “en todos los lugares”. Pidió “canales legales” para favorecer la reunificación familiar, “mecanismos de regularización” que permitan a los menores de edad vivir con sus padres y “educación y oportunidades laborales” para los jóvenes.
El jesuita checo-canadiense recordó las palabras del Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de 2017, cuando dijo: “El derecho de los Estados a gestionar los flujos migratorios y a salvaguardar el bien común nacional se tiene que conjugar con la obligación de resolver y regularizar la situación de los emigrantes menores de edad, respetando plenamente su dignidad y tratando de responder a sus necesidades, cuando están solos, pero también a las de sus padres, por el bien de todo el núcleo familiar”.
Vitillo, por su parte, puso como ejemplo positivo la normativa aprobada por el Parlamento italiano en abril del año pasado para mejorar la acogida a los inmigrantes menores de edad no acompañados. En 2016 fueron 26.000 los que llegaron al país, en su mayoría tras cruzar el Canal de Sicilia. La ley prevé que no serán repatriados por la fuerza, la reducción de los tiempos de espera en los centros primarios de recepción, el uso extensivo de mediadores culturales y el aumento de los fondos dedicados para la acogida
