Jóvenes católicos peruanos se oponen al proyecto de Ley sobre trabajo juvenil

Tras la aprobación del proyecto de Ley 1.215 sobre trabajo juvenil, por parte del Congreso peruano, el pasado miércoles 21 de febrero, que exonera a los empleadores del pago de remuneración a estudiantes de carreras técnicas por tres años, se ha desatado una ola de protestas en todo el país, especialmente entre los jóvenes, quienes han salido a manifestar su descontento en lo que también han considerado la “ley de esclavos”.

Voces de protesta

Por su parte, las juventudes católicas no se han quedado de brazos cruzados. En la figura de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) han alzado su voz de protesta, calificando como un abuso esta controvertida propuesta de ley, desvelando –por medio de un comunicado– las injusticias que podrían cometerse.

“Si yo, un estudiante de mecánica (pero podría ser estudiante de cocina, peluquería, educación, computación, ingenierías, servicios turísticos, confecciones, etc.), por ejemplo, ingreso a laborar en un taller o empresa del rubro, esta empresa no me pagaría durante tres años con la excusa (excusa que la ley promueve) de que estoy ganando experiencia”, expone la organización de jóvenes.

Ganan los empleadores, pierden los pobres

La propuesta, presentada por la congresista Rosa Bartra del partido Fuerza Popular, “legaliza la esclavitud juvenil”. Así destacaron los integrantes de la JOC Perú, quienes a su vez plantean tres aspectos fundamentales para comprender la vulneración de la dignidad humana que genera esta ley: beneficio exclusivo a empleadores, discriminación y ataque contra los más pobres.

Según la JOC, “la gran mayoría de institutos tienen nula capacidad de gestionar convenios, pero sí de cobrar cada año más”. Son millones los estudiantes que realizan prácticas y, por ende, la calidad de las mismas “depende de la capacidad de los centros de enseñanza para establecer convenios con entidades donde los estudiantes puedan ejercitarse”.

Mano calificada sin costos

Asimismo –denuncian los jóvenes obreros cristianos– si bien es cierto que los institutos tienen la responsabilidad de buscar los lugares de prácticas, generalmente las remuneraciones son muy bajas. Por tanto, se preguntan: “¿quién se beneficia del trabajo de los estudiantes?, ¿por qué sí habrá producción por parte del estudiante y no habrá beneficios para él?, ¿derecho a contratar mano de obra calificada a cero costos?”

De ahí que la JOC, en su pronunciamiento, reclame que la Ley 1.215 promueve la discriminación de los jóvenes y “es una de otras normas que quitan derechos laborales, es decir, protección social, por ser jóvenes”.

“Hay varias señales que indican esto”, por ejemplo, “hace 4 años fue la Ley Pulpín derogada con la lucha juvenil; la existencia de proyectos de ley similares (proyecto de ley 1.104 o Ley Pulpín 2.0), las declaraciones de PPK [el presidente Pedro Pablo Kuczynski] y otros, proponiendo que haya menos derechos laborales hasta los 29 años, y ahora esta ley”.

Clamor por la justicia social

“Cualquier país que planifica su desarrollo con justicia social empezaría por garantizar a las nuevas generaciones las condiciones básicas para una vida digna”, asegura la JOC.

La JOC inquiere: “¿cuál es el rostro del estudiante de institutos en nuestro país?” e inmediatamente se responde: “mayoritariamente el de aquel que no puede pagar una pensión en una universidad privada”.

A partir de esta consideración, señala que la Ley es “fundamentalmente contra los pobres”, principalmente los de los sectores populares que habitan en las periferias, “aquel que necesita conseguir un trabajo lo antes posible por eso opta por estudiar uno o dos años, de aquel que estudia o muy temprano por la mañana o por las noches después de salir del trabajo”.

Inmediata derogación

Son muchas las razones esgrimidas por los jóvenes obreros cristianos de Perú en su llamado a las organizaciones juveniles y de trabajadores a proseguir la lucha “por la reivindicación de los derechos laborales de los y las jóvenes trabajadores y trabajadoras de la país”, a fin de “exigir su derogación y articularnos para construir propuestas que garanticen un presente y un futuro con dignidad para las nuevas generaciones, con protección social, ambiental e igualdad”.