Las principales Iglesias cristianas en Jerusalén cerraron ayer, 25 de febrero, el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo, en una medida sin precedentes en protesta por medidas legales y fiscales de Israel que consideran un “ataque contra la presencia cristiana en Tierra Santa”. Los cristianos acudieron a las puertas de la iglesia, donde los líderes religiosos –el patriarca griego de Jerusalén, Teófilo III; el custodio de Tierra Santa, Francesco Patton; y el patriarca armenio, Nourhan Manougian– leyeron un escrito de protesta tras el cierre de sus puertas, de momento sin fecha anunciada para su reapertura.
Se trata de un nuevo golpe en la crisis entre las Iglesias y las autoridades israelíes, tanto nacionales como municipales, que sigue a una serie de medidas que las primeras tachan de un “ataque sistemático y sin precedentes” que “parece un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén”. Los principales enfrentamientos son dos: una disputa sobre nuevas disposiciones municipales para obligar a las Iglesias a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles del que estaban exentas históricamente, y una propuesta de ley para expropiar tierras en Jerusalén vendidas por las iglesias desde 2010.
Teófilo III calificó la ley de “discriminatoria y racista” y afirmó que “recuerda a leyes de naturaleza similar aprobadas contra los judíos en Europa en periodos oscuros”, en referencia al Holocausto, según recoge EFE.
El alcalde de Jerusalén defiende su decisión
Respecto al impuesto municipal, el Ayuntamiento anunció hace meses que cobraría el ‘arnona’ (impuesto sobre bienes inmuebles) a las iglesias por las propiedades no destinadas al culto y recientemente comenzó a congelar cuentas ante los impagos. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, defendió su decisión de que se tasen “las propiedades comerciales, como hoteles, salones y negocios”, y aseguró que las iglesias deben 150 millones de euros, una suma que “no tienen que soportar los residentes de la ciudad”, según informó el digital Times of Israel.
Los tres líderes religiosos denunciaron una “campaña sistemática” contra los cristianos que “ha alcanzado recientemente un nivel sin precedentes, con las escandalosas órdenes de la Municipalidad de secuestrar bienes de las Iglesias, propiedades y cuentas bancarias, para hacer frente a impuestos municipales punitivos”. Unas medidas que, consideran, “rompen los acuerdos existentes y las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y privilegios de las Iglesias” y ponen en peligro “el delicado tejido de relaciones entre las comunidades cristianas y las autoridades durante décadas”.
