Según publica La Croix ,el papa Francisco podría estar planeando un viaje a Francia. Ayer, lunes 12 de marzo, recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a parlamentarios y políticos de la provincia francesa de Marsella, acompañados por el arzobispo de la ciudad, quien también preside la Conferencia Episcopal gala, Georges Pontier. Durante el encuentro, Pontier insistió al Papa en que visitara su país: “Le reiteramos la alegría que supondría recibirle en Francia e incluso en Marsella”, provocando el aplauso de los presentes.
El propio arzobispo señaló después a los medios que “la invitación ha sido recibida y el viaje previsto. Ahora queda incluirlo en el calendario de Su Santidad”. También apuntó que la agenda del Papa “no deja ningún hueco al menos hasta finales de 2018/principios de 2019”, pero esperan que se haga realidad “lo antes posible”.
Sería la primera vez en diez años que un Pontífice visitara el país, desde la peregrinación a Lourdes vía París de Benedicto XVI en 2008. Es cierto que Francisco estuvo en Francia en 2014, pero no contaría como viaje apostólico ya que solamente estuvo en Estrasburgo para hablar ante el Parlamento Europeo.
Los obispos de Austria publicaron ayer un mensaje escrito en su última asamblea plenaria en Sarajevo en el que se disculpan por “el silencio frente al nazismo y la falta de oposición al antisemitismo”, tal y como recoge la Agencia SIR. ‘1918-18938-2018: Recuerdo y memoria’ es el título del documento, que hace referencia al año en que finalizó el Imperio Austrohúngaro, el de la anexión de Austria al III Reich de Hitler y el presente año, centenario del primero. En él, reconocen que entre las décadas de 1910 y 1930 fueron “parte de los enfrentamientos que dividieron al país” así como “incapaces de ser testigos del Evangelio e forma influyente para tender puentes entre los rivales”.
En cuanto al periodo que siguió a la anexión alemana, afirman que “los obispos austriacos (así como políticos, artistas y científicos) no reconocieron o dieron el nombre adecuado a todo lo que sucedía”. El documento asegura que “aún hoy es algo perjudicial que en marzo de 1938, y en los siete oscuros años sucesivos, los cristianos (y particularmente los obispos) no se opusieran más decididamente al poder del odio, del horror y de la dictadura”.
Finalmente abordan el otro problema, “que en general los cristianos no se opusieran suficientemente al antisemitismo”, si bien recuerdan a aquellos que lo hicieron incluso pagando con sus propias vidas. Así, concluyen pidiendo aprovechar estos aniversarios para “reencontrarnos con los valores fatigosamente conquistados, los derechos humanos y el bien común, para que nuestro compromiso con ellos sea siempre fuerte”.
El Tribunal Supremo del país ha establecido que todos los ciudadanos deberán declarar su religión al solicitar empleo en la administración pública y en cualquier documento oficial. Más aún cuando el cargo exija un juramento, como para el servicio civil, las fuerzas armadas o la magistratura. Además intentar disimular la confesión religiosa será considerado “traición al Estado”, según informa la Agencia Fides.
Los defensores de los Derechos Humanos no han tardado en condenar esta medida, que supone un duro golpe para las minorías religiosas. Así aseguran que “esta decisión provocará una gran presión, por ejemplo,en la comunidad Ahmadí, a la que por ahora no se permite utilizar símbolos del Islam ni llamarse a sí mismos musulmanes, algo punible como blasfemia según el código penal pakistaní”. Esta sentencia llega después de un recurso que buscaba como alternativa sustituir los juramentos por declaraciones solemnes en caso de no musulmanes, idea que ha sido abandonada.
Nasir Saeed, director de la ONG CLAAS, ha mostrado su preocupación a Fides, asegurando que “en un clima nacional en el que las minorías ya están bastante desprotegidas, este tipo de leyes solamente hacen más vulnerable su situación. El gobierno debería ayudar a tender puentes entre las diferentes culturas, no acabar con ellos”. Además, como es entendible, no entiende “qué necesidad hay de hacer pública la fe de los funcionarios públicos, cuando el Estado debería garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su fe”.