“La Semana Santa comenzó con gran sufrimiento para la prelatura de Xingú”. Así inicia la carta abierta firmada por el obispo de esta jurisdicción eclesiástica brasileña –la más extensa del país, en territorio amazónico–, João Muniz Alves, y de su obispo emérito, Erwin Kräutler, en la que dan a conocer que en la mañana del 27 de marzo fueron sorprendidos “con la noticia de la prisión de nuestro padre José Amaro Lopes de Sousa, párroco de Santa Luzia de Anapu”, quien también coordina la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en esta región del estado de Pará.
Continuador de la obra de Dorothy Stang, la religiosa estadounidense asesinada en 2005 como consecuencia de su radical compromiso con la defensa de la Amazonía y de los derechos de los más pobres en Anapu, el padre Amaro es ampliamente reconocido, junto a las Hermanas de Nuestra Señora de Namur –la congregación a la que Dorothy pertenecía– por su liderazgo comunitario “en la lucha por el derecho a la Tierra a favor de quienes necesitan de ella y en la defensa de una convivencia armónica con la naturaleza”.
La CPT, a través de una nota pública sostiene que “durante estos 13 años después de la muerte de Dorothy, [el padre Amaro y las hermanas] han sufrido varios tipos de ataques y amenazas” contra su integrigdad. En efecto, “desde 2001 el Centro de Documentación Dom Tomás Balduino, de la CPT, ha registrado amenazas de muerte contra el padre Amaro, que se han prolongado en diversas oportunidades en los años siguientes”.
De ahí que las acciones de ‘criminalización’ contra el sacerdote, en las que se le atribuye una serie de crímenes como la de liderar una asociación que amenaza, extorsiona, asedia sexualmente y lava dinero, entre otros, para la CPT no es otra cosa que “una medida que viene a satisfacer la saña de los terratenientes de la región que pretenden, a toda costa, destruir el trabajo de la CPT, y desmoralizar a los que luchan al lado de los pequeños para garantizar sus derechos”. Claramente, la prisión del padre Amaro “se encuadra en el contexto del escenario nacional en el que los ruralistas dictan los rumbos de la política brasileña”.
Ante los hechos, la prelatura de Xingú al tiempo que manifiesta su solidaridad con el padre Amaro, “incansable defensor de los derechos humanos”, también repudia “las acusaciones de que él promueve invasiones de tierras que son reconocidas por la justicia como tierras públicas, destinadas a la reforma agraria, pero que aún se concentran en las manos de personas económicamente poderosas”.
Por otra parte, tanto las religiosas que trabajan con él como la CPT, no han dejado de denunciar públicamente su preocupación ante el agravante hecho de que el padre Amaro haya sido llevado justamente a la cárcel de Altamira, donde se encuentra recluido el ordenante del asesinato de Dorothy. “Esto coloca la vida del padre Amaro en serio riesgo”.
“Acompañamos aprehensivos la investigación y elucidación de los hechos e insistimos que la verdad sea apurada con justicia y total transperancia”, han manifestado enérgicamente los obispos de Xingú.
La dirección de la CPT, a su vez, advierte que “¡la avanzada de la ‘criminalización’ no va a parar nuestra misión!”.
Muchas otras organizaciones eclesiales, como la REPAM Brasil, han expresado su solidaridad y apoyo al padre Amaro, “pidiendo que se haga justicia con transparencia y neutralidad”.
“Que la verdad de los hechos sea apurada con el rigor de la justicia, y que el padre Amaro tenga el derecho de responder al proceso en libertad, como le es permitido a cualquier ciudadano en situación parecida”, clama la REPAM.