Las monjas que viven en Sijena afirman que el gobierno aragonés no cuenta con ellas

Las religiosas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de san Bruno que habitan los muros del Real Monasterio de Villanueva de Sijena han emitido un comunicado en el que aseguran que el plan director del monasterio ha sido presentado por el Gobierno de Aragón después de la devolución de las obras sin pactarlo con ellas, según recoge Europa Press.

Efectivamente, el pasado miércoles 11 de abril el Gobierno autonómico anunció la primera parte de dicho plan, que comprenderá reformas que se alargarán durante un año. Tras esto, se abrirá al público de martes a domingo. Las monjas han declarado además que tras la llegada de las obras no ha habido un nuevo acuerdo con la comunidad “pese a que hemos expresado en reiteradas ocasiones nuestro deseo formalizarlo para atender las nuevas necesidades surgidas tras la reapertura de la Sala de los Dormitorios y el acceso de los visitantes”. También aseguran que el convenio que autorizaba al Gobierno de Aragón para organizar el horario de visitas prescribió el 31 de diciembre, sin que se haya renovado.

Por su parte, el Gobierno se defiende explicando que, aunque las religiosas de Belén vivan en él, el Monasterio pertenece a las monjas de la Orden de san Juan de Jerusalén, con las que han negociado el nuevo plan. Afirman por tanto que son ellas las encargadas de comunicar las decisiones a las residentes, y que no solo han participado en la elaboración del plan, sino que le han dado el visto bueno.

El 1 de mayo se decidirá el futuro de Pell

El cardenal George Pell ya conoce la fecha en la que se sabrá si finalmente será juzgado o no por abusos sexuales. Como informa hoy, 17 de abril, Crux, tras concluir las primeras sesiones en las que la magistrada Belinda Wallington ha escuchado a ambas partes, acusación y defensa, y a los testigos de las mismas, se ha anunciado que el próximo 1 de mayo hará pública su decisión de juzgar o no a George Pell, basándose en las pruebas que se le han presentado.

Por su parte, el abogado del cardenal, Robert Richter, aseguró a la magistrada que varios de los testimonios podrían haber estado dirigidos contra Pell a pesar de no ser el culpable por no actuar contra los abusos cuando fue arzobispo de Melbourne y de Sydney: “Creemos que el cardenal Pell, representando la cara visible de la Iglesia católica, un personaje prominente, ha sido el objetivo claro de alegaciones que no son ciertas pero están diseñadas casi para castigarle por no haber prevenido los casos de abuso sexual”.

Sin embargo, el fiscal Mark Gibson no ve que exista ninguna evidencia que respalde esta teoría de Richter, y ha afirmado que ninguno de los testigos se ha echado atrás a pesar de que Richter considera que gozan de poca credibilidad y que por tanto juzgar a Pell “sería una pérdida de dinero público, tiempo y esfuerzo”. Por ahora lo que queda es esperar al 1 de mayo para saber si finalmente el cardenal se convertirá en el mayor alto cargo de la Iglesia en ser juzgado por abusos sexuales.

Comienza el juicio contra Juan José Illarraz

Comienza en Argentina el juicio contra el sacerdote Juan José Illarraz, que fue prefecto de disciplina del seminario de Nuestra Señora del Cenáculo, en Paraná. Entre 1985 y 1993, se sospecha que abusó de medio centenar de menores, si bien esta vez será juzgado por siete casos. Según relata uno de los 71 testigos citados por El País, Illarraz “se metía dentro de las camas de los muchachos y abusaba de ellos, casi ni dormían por temor a vivir esas situaciones”.

Este seminario acogía a menores de edad desde los 12 años, que estudiaban secundaria de cara a un posible sacerdocio. Muchos de los que vivían allí internos provenían de familias en situaciones conflictivas, algo que él aprovechaba para acercarse a ellos. “Elegía a los más vulnerables”, cuenta otro de los testigos.

En 1993 comenzaron las denuncias contra el acusado, quien fue trasladado a Roma tras abrirse una investigación interna. Sin embargo, regresó unos años después, y varias víctimas decidieron hacerlo público en 2012, cuando se abrió una investigación judicial. Entre las pruebas existe una carta escrita por él mismo en Roma en la que pide perdón por sus actos, reconociéndolos. Ahora, de ser probada su culpabilidad, se enfrenta a una condena de hasta 25 años de prisión.