Las cinco diócesis y vicariatos apostólicos del norte de Paraguay denuncian la violencia que trasciende a los choques registrados entre el Ejército Popular Paraguayo (EPP, una guerrilla marxista fundada en 2008) y la Fuerza de Acción Conjunta (FTC, un equipo militar especial conformado para combatir a los paramilitares) en las provincias de San Pedro y Concepción. Y es que, según claman, el ejército infringe todo tipo de “abusos” a la población local, mayoritariamente campesina y olvidada del Estado, estando “aislados por la falta de caminos e infraestructuras, debiendo enfrentarse a inundaciones como consecuencias del desinterés y la corrupción de las autoridades regionales y nacionales”.
En un comunicado remitido a Fides y firmado por los obispos, sacerdotes y diáconos de las cinco comunidades cristianas de la zona, rechazan “las infundadas acusaciones y difamaciones” que el ejército estaría dirigiendo contra algunos representantes eclesiales que acompañan a las comunidades locales. En concreto, citan a dos sacerdotes comprometidos en la zona con las “víctimas de los abusos de las fuerzas públicas y de los organismos del Estado”. Se trata de Pablo Cáceres y Cristian Paiva, quienes señalan “homicidios ilegítimos de personas inocentes y que los militares han ocultado, culpando al EPP”.
El mensaje asegura que la FTC “utiliza la fuerza de forma desmedida, atropellando los hogares y destruyendo sus humildes pertenencias; realizando intervenciones con detenciones irregulares, torturas, extorsiones, acoso sexual, maltratos físicos y psicológicos”. “Asistimos con dolor –apuntan– a los abusos y atropellos de poderes del Estado contra la dignidad de la persona, haciendo caso omiso de las garantías constitucionales. (…) Asistimos con dolor a las noticias de los rehenes muertos y de otros cuya suerte está en la incertidumbre”, produciéndose “la muerte de campesinos, policías y militares” y causando un “ambiente de zozobra y miedo en varias comunidades”. “Desde la creación de la FTC, en 2013 –añaden–, ningún guerrillero o criminal ha sido arrestado, mientras que ciudadanos inocentes han muerto”.
Los firmantes concluyen deplorando “la decisión de la FTC, que ha cerrado las puertas del diálogo a la Pastoral Social-Cáritas”. Por todo ello, reclaman la disolución de esta fuerza militar especial. Del mismo modo, enfatizan que repudian “todo tipo de violencia de los distintos grupos armados ilegales establecidos en la zona” y animan a todos los dirigentes eclesiales a “unir sus fuerzas en defensa de los derechos humanos de las víctimas de una violencia desenfrenada”, soñando con que “nuestra Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida, como palabra y gesto de misericordia, de soporte, de ayuda, de perdón”.
El ejército pide no ser “criminalizado”
El propio ejército ha respondido con otro comunicado en el que lamenta “profundamente las declaraciones del Clero del Norte sobre la presencia de la FTC, utilizando expresiones nada felices que podrían inducir a la confusión de la ciudadanía, a criminalizar las acciones de la FTC y a victimizar a los terroristas que integran esta infame banda”.
Quien también se ha pronunciado es Fernando Lugo. El que fuera presidente del Gobierno (y obispo), hoy máximo responsable del Congreso, ha afirmado que “nunca hubo un enfrentamiento en el norte” y que la supuesta acción contra el EPP es una “cortina de humo” para esconder distintas problemáticas sociales.
