Se vende convento

Media manzana en el corazón de Madrid. Un edificio histórico. Cruzando la calle, un hermoso y muy cuidado parque público. “No sé cómo se han enterado, pero vienen muchos tentando para la compra”, dice muy resuelta a través del portero automático una hermana de este convento que se va a poner a la venta. “Todavía no diga nada, por favor, porque aún no nos ha llegado la autorización de Roma. No sé cómo se ha enterado usted. Ya llegará el día para poder hablar. Nosotras sí que queremos venderlo dentro de la Iglesia, porque es un bien eclesiástico, pero es verdad que nos llegan ofertas de otros sitios también”. Se oye colgar y al otro lado se hace el silencio.

“Unos 12 millones de euros como pistoletazo de salida. Ese es el precio en el que puede estar ese edificio”, señala Isabel Carrobles, que gestiona desde Toledo una constructora que lleva medio siglo trabajando en la rehabilitación de edificios eclesiales. “Hoy estamos viendo casi una masificación de conventos en venta debido a su cierre por falta de vocaciones”, añade.

De hecho, en un año se ha doblado el número de los que echan la llave en España. Si en febrero de 2017 Vida Nueva alertó de que cada mes cerraba un convento, ahora ya son dos, es decir, 24 cenobios clausurados cada año, lo que está propiciando un creciente interés de inversores por estos edificios, muchos de ellos históricos. Y aunque la Santa Sede acaba de reforzar las condiciones para su venta o alquiler a terceros con una serie de orientaciones recogidas en el documento ‘Economía al servicio del carisma y de la misión’, lo cierto es que la deficiente formación en algunos casos de las religiosas, su buena voluntad y la falta de apego a las cosas materiales hace que sean fácilmente manipulables. Y no solo por personas ajenas a la Iglesia.

Cuando en un obispado saben latín

“Hay diócesis que han actuado con desconsideración hacia las monjas”, dice tras suavizar el calificativo una fuente eclesial que pide el anonimato. Y narra el caso de un obispo que decidió ocultar el escrito de supresión del convento a una comunidad que, siguiendo los cauces establecidos, había pedido permiso a la Santa Sede para trasladarse a otro de la Orden. Roma dio la autorización, que llegó a través del cauce ordinario, la diócesis. Pasado un tiempo, las religiosas se interesaron por la respuesta escrita del Vaticano.

En la curia diocesana se les oculta el papel, solo se las informa de palabra. Aconsejadas por otras personas que conocen el protocolo, pasado un tiempo vuelven a pedir en el Obispado la respuesta de Roma. Y empiezan a aflorar las excusas. Les dicen que no se lo habían entregado porque, como estaba redactado en latín, no entenderían su contenido. El contenido, aún en latín, no era otro que autorizar el traslado y recordar que la propiedad seguía perteneciendo a las religiosas.

Finalmente, el convento se quedó vacío, pero con otro dueño: la Diócesis lo había registrado a su nombre. Ahí estaba el misterio. Las monjas se fueron y renunciaron a entrar en litigios con el Obispado para evitar escándalos y dañar la imagen de la Iglesia.

¿A quiénes pertenecen los bienes?

A la CONFER llegan a diario peticiones de asesoramiento sobre cierres de casas, enajenaciones, venta de bienes… fundamentalmente por parte de institutos religiosos de vida activa, que suelen ser de derecho pontificio y no están sometidos a la tutela del obispo diocesano. También les llegan algunas de comunidades de vida contemplativa femenina, pocas, también de derecho pontificio, pero “muy directamente sometidas a la tutela del obispo, de quien precisan el consentimiento para poder vender”, según señala el jesuita Miguel Campo, al frente de la Asesoría Técnico Jurídica de CONFER.

En el caso de las contemplativas, “si se suprime el monasterio pero quedan monjas, los bienes de ese monasterio tienen que acompañar proporcionalmente a esas religiosas allí a donde vayan. Es decir, no hay un vacío. Esos bienes las acompañan aunque vayan a lugares distintos. Ellas serán propietarias de su parte. Es lo que establece el derecho y, además, es de justicia”.

Gustavo Pintado se dedica a la gestión inmobiliaria y de residencias de estudiantes. Ante la complicada situación que viven tantas comunidades religiosas, ha encontrado una forma para echarles una mano. Pintado presenta un proyecto de rehabilitación, con una parte para que siga viviendo la comunidad y otra para un uso como residencia de ancianos o de estudiantes. “Si en un momento dado esa comunidad recibe nuevas vocaciones o quiere recuperar su patrimonio, puede hacerlo, porque la propiedad es suya, nunca la pierde”, subraya.

También él ha detectado que hay fondos de inversión extranjeros atraídos por el cierre y abandono de conventos y monasterios. “Buscan comprar a precios mucho más bajos que los de mercado, pagando lo mínimo, para luego hacer una explotación hotelera”. Y advierte sobre con quién se negocia. “Me he encontrado con religiosas que habían contratado a un abogado y que, al final, este se puso de acuerdo con los inversores y se quedaron con todo, aprovechándose del desconocimiento de este mundo inmobiliario que tienen las hermanas”.