Los movimientos políticos en España giran en torno a Cataluña, pero a nivel legislativo, pese a las trabas que supone la inacción de un parlamento con un Gobierno en minoría, el debate se ha centrado en las últimas semanas sobre la eutanasia y la muerte digna. Ante esta situación, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, ha querido hacerse presente reivindicando la dignidad de la persona y pidiendo una regulación de los cuidados paliativos.
El pasado 3 de mayo, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó un proyecto de ley que cambiaría el código penal para eliminar el carácter punible de la “conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causara o cooperase a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica”.
Para el grupo episcopal que preside Mario Iceta, obispo de Bilbao, citando a Benedicto XVI, “es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestra manos”. Así, recuerdan que “la Iglesia siempre ha considerado la eutanasia como un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona”.
La Subcomisión continúa afirmando que la proposición de ley presentada “defiende una absolutización del principio de autonomía y de la pura subjetividad como criterios fundamentales de la decisión”, pero ante esta afirmación responden que “nadie es dueño absoluto de la vida” y que por tanto “no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida”.
Continúan los obispos explicando que la afirmación sobre la autonomía del individuo no es defendible en los casos de eutanasia o suicidio asistido, ya que “tales acciones implican la participación de otros, en este caso, del personal sanitario“. De esto modo recurren a las afirmaciones del juramento hipocrático que sostienen: “No daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un mal uso”. Por que la labor de los profesionales sanitarios es “curar, al menos aliviar y siempre acompañar y consolar”.
“Lo que realmente demandan los enfermos y sus familias es la ayuda para asumir los problemas y dificultades personales y familiares que suelen presentar en los últimos momentos de la vida”, avanza la Subcomisión. De este modo, defienden el uso de los cuidados paliativos: “Es llamativo que se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados paliativos”. Al mismo tiempo, también reclaman la “necesaria formación reglada de esta disciplina de altísimo valor científico y ético en el ámbito universitario y sanitario”.
Y no solo se quedan en que la eutanasia concierna a la persona enferma y a los sanitarios, sino que, para los obispos españoles, este es un tema que “concierne al conjunto de la sociedad y sus instituciones”. Porque, pese a que en la proposición de ley “el ser humano aparece como aislado de los demás”, se debe considerar a la sociedad como un tejido de interacciones humanas.
“El ser humano es un ser con los otros y para los otros“, lo que la Subcomisión entiende como fundamento último de la sociedad, es lo que debe obligar al Estado a “proteger la vida de todos los ciudadanos”.