A través de un comunicado conjunto, los obispos de Extremadura (Celso Morga, arzobispo de Merida-Badajoz; Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres y Jose Luis Retana, obispo de Plasencia) y el de Toledo, Braulio Rodríguez, apoyan “explícita y firmemente” las reivindicaciones de sus profesores de Religión que han celebrado distintas asambleas en los últimos meses. Un apoyo que está motivado “por todo lo que supondría para ellos y para sus familias la reducción del horario lectivo”. Además, los docentes están a la espera de la “correspondiente Sentencia del Tribunal Supremo, por lo que no parece aconsejable ni prudente legislar sobre este asunto”, señalan.
Además, los prelados manifiestan su “deseo de diálogo con la Administración autonómica” y esperan “una solución que repercuta en beneficio de todos, de los alumnos y sus familias, y de toda la sociedad extremeña”.
Una sentencia por cumplir
Esta manifestación se produce tras la sentencia, del pasado 21 de marzo del Tribunal Supremo que obliga a ofrecer la materia en 2º de Bachilleratoy que redujo la carga de horas remontándose a un polémico decreto de 2016. Este fallo judicial a favor de las familias y la Iglesia, que presentaron el recurso, tensó las relaciones entre la administración y los profesores. Por ello, los obispos muestran su “preocupación por la situación de la asignatura de Religión Católica”, cuando está a punto de producirse “la próxima publicación del Decreto de la ordenación y currículo” referente a ESO y Bachillerato.
Para los prelados, la sentencia “no obliga ni aconseja la reducción horaria de dicha asignatura, antes bien sienta una doctrina jurisprudencial novedosa que determina con claridad que la asignatura de Religión Católica ha de contar con ‘la carga horaria que sea necesaria para su adecuada enseñanza’”, algo que no respetaría la Junta de Extremadura. Y es que para los obispos, “la reducción al mínimo del horario de la asignatura de Religión católica, que no se aplica a otras asignaturas del mismo perfil, categoría e importancia, tiene difícil justificación y seguramente constituiría una vulneración de esta doctrina del Tribunal Supremo”.
El valor social de la religión
Por ello recuerdan que “la asignatura de Religión Católica es un derecho constitucionalmente protegido” y que “está amparada por los Acuerdos internacionales entre el Estado español y la Santa Sede de 1978, así como por otros Tratados internacionales a los que se ha sumado España”, a lo que se suma la “amplia mayoría de padres que demanda cada curso escolar la asignatura” para “enriquecer la formación integral de sus hijos”.
Reivindican, además, que la materia “aporta un gran bien al desarrollo de todas las competencias incluidas en el currículo” ya que conecta con la historia, la literatura, el arte o la música. “Con esta enseñanza nuestros niños y jóvenes tienen una educación más completa e integral y con mayor bagaje cultural”, recuerdan, junto con los “valores humanizadores como el bien, la paz, la solidaridad, la verdad, y la apertura a Dios” que aporta la religión.
