“No se puede reanudar la mesa del Diálogo Nacional mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”. Con estas palabras, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) daba por cancelada este jueves 31 de mayo cualquier posibilidad de reanudar la mesa negociadora entre el Gobierno de Daniel Ortega, la oposición y diversos representantes de la sociedad civil.
Desde principios del mes pasado, la Iglesia actuaba como testigo y mediadora de un diálogo con el que confiaba superar la grave crisis que atraviesa el país centroamericano, después de que el cardenal Leonardo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, asumiera este encargo como “un gesto para colaborar en la pacificación”.
Sin embargo, “los acontecimientos violentos perpetrados la noche de ayer [30 de mayo] por grupos armados afines al Gobierno contra la población civil” han hecho desistir a los obispos de su empeño. Durante esa jornada, Día de la Madre, las fuerzas de seguridad y simpatizantes de Ortega atacaron a las marchas convocadas para exigir la salida del presidente y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, con el trágico balance de once muertos –seis en Managua y cinco en otras partes del país– y decenas de heridos. Unos “hechos violentos en contra del ejercicio de la libre manifestación pacífica” que el Episcopado ha vivido “con profundo dolor”.
En el comunicado difundido por la CEN pocas horas después, los prelados condenan enérgicamente estos “actos de represión de parte de grupos cercanos al Gobierno” antes de dejar clara la imposibilidad de reiniciar el diálogo suspendido. “No podemos seguir permitiendo esta violencia inhumana”, sostienen en este momento “en que la historia de nuestro país sigue siendo manchada de sangre.
Solo dos días antes, el lunes 28, la propia Conferencia Episcopal había convocado a los representantes del Gobierno y de la oposición a integrar una comisión especial para intentar destrabar el diálogo, suspendido la semana anterior por desacuerdos entre las partes. Convocatoria que este nuevo rebrote violencia ha echado por tierra.
Según datos de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, hasta el 30 de mayo, la crisis que vive el país centroamericano desde el pasado 18 de abril había dejado ya 85 muertos y cerca de un millar de heridos. La chispa del conflicto fue una polémica reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente, Daniel Ortega. Sin embargo, “hoy eso es lo que menos importa”, explica a Vida Nueva un misionero español que trabaja sobre el terreno pero que prefiere preservar su anonimato.
Con el pretexto de aquella reforma, los universitarios salieron a la calle y “fueron reprimidos brutalmente”, recuerda la misma fuente. Una reacción que desencadenó el levantamiento de otros movimientos y del conjunto de la sociedad. Entonces, “comenzaron los asaltos, asesinatos y todo lo que pudiera contaminar el escenario sin saber bien de dónde venían los tiros”, lamenta el sacerdote.
Hasta que, ante lo insostenible de la situación, Ortega solicitó la mediación de la Iglesia. Encargo que esta aceptó, “aun sabiendo los riesgos”. Y pone como ejemplo al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, convertido en “voz de denuncia de la represión y de apoyo a los estudiantes”, y que hoy sufre “amenazas de muerte y descrédito del régimen”.
Gobierno, obispos y sociedad civil se sentaron a la misma mesa, pero “el tema no iba a ser la reforma del seguro social, sino el esclarecimiento de los asesinatos y la democratización del país”. “En el fondo –entiende nuestra fuente– se está pidiendo la salida de la pareja presidencial Ortega-Murillo”. Así, mientras en la mesa las posturas “estaban muy distantes”, por todo el país se multiplicaban los tranques (bloqueos de carreteras) y manifestaciones pacíficas para presionar a los participantes a que tratasen “los temas de fondo que interesan”. Pero se sucedían los disturbios, asaltos y asesinatos, “sin que el Gobierno reconozca los muertos de esa represión”, denuncia el misionero español.
Ahora, los últimos acontecimientos parecen llevar al país “al borde de un conflicto más grande”. Pese a todo, nuestro informante confía en que el Gobierno “se irá debilitando y, dentro del propio sandinismo, los críticos a Ortega buscarán una salida al conflicto con un adelanto de elecciones”.