Los jesuitas denuncian que los CIE son “espacios de opacidad e impunidad policial”

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado hoy, 7 de junio, en la sala Europa del Senado el informe anual sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) correspondiente a 2017, bajo el título ‘Sufrimiento inútil: los nuevos lazaretos’. El jesuita José Ignacio García, director regional de Europa del SJM, ha explicado que su misión es acompañar, servir y proteger a los refugiados, y están presentes en los centros de internamiento acompañando a estas personas que llegan desde países extranjeros.

En esta radiografía se cuenta que el año pasado “se internó a 8.814 personas”. Entre ellos, “hubo 396 mujeres y se identificó oficialmente a 48 menores”; extremo, este último, que vulnera la ley, que impide el ingreso de menores. Entre los casi 9.000 inmigrantes retenidos en un CIE, la mayoría fueron argelinos (2.755, un 31,48% del total), seguidos de los marroquíes (1.608, un 18,24%) y los guineanos (1.215, un 13,78%). De todos ellos, 1.381 presentaron solicitudes de protección internacional alegando su condición de refugiados… pero solo 395 peticiones fueron admitidas a trámite. Una vía, aunque no ortodoxa, que sí tuvieron casi la mitad de los internos (4.284) para salir del CIE fue la imposibilidad de ser identificados.

Más allá de los muros de estos centros de detención para inmigrantes, el SJM revela que, en 2017, “fueron detenidas por su situación irregular en España 18.794 personas”. Además, “fueron incoados 21.834 expedientes de expulsión: 18.081 por estancia irregular y 2.062 por condena previa”. De ellos, finalmente “fueron dictadas 4.917 órdenes de expulsión, de las que se ejecutaron 4.054; 3.041 desde un CIE y 1.013 sin previa medida de internamiento”.

Aparte de los rigurosos datos desglosados, el informe cuenta con el valor añadido de ofrecer un artículo de Ramiro García de Dios, magistrado que ha ejercido como juez de control del CIE de Aluche, en Madrid, desde diciembre de 2009 hasta el pasado febrero. En él, asegura que esos años de experiencia “me permiten conceptuar los CIE como centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial”.

Política de retorno

El religioso ha contado que el internamiento en un CIE es un momento complicado para los inmigrantes, por la incomprensión, que es la actitud principal hacia ellos. Hace unos años, hacia 2011, el discurso era alentador, los países de la Unión Europea se estaban centrando por primera vez en buscar alternativas a la detención de los inmigrantes. Pero todo parece haber quedado en papel mojado, ya que de nuevo la UE está volviendo, y la mejor prueba es Italia, al retorno como alternativa; esto es, devolver a los que no consiguen papeles a sus países. García ha explicado que estas medidas, que además no cuentan con presupuesto, significan una mayor presión sobre los CIE, de ahí la importancia de informes de este tipo.

María del Carmen de la Fuente ha justificado el título del informe,. El sufrimiento es por las condiciones de vida deficitarias que por norma general se dan en los centros, que “incumplen el reglamento y no tienen en cuenta la vulnerabilidad de los internos”, además de caracterizarse por la opacidad en cuanto a su administración y la vida en los mismos. Sufrimiento evitable, denunciado por los jueces de control y el defensor del pueblo, a pesar de lo cual ya se está planeando la construcción de más CIE.

E inútil, porque según los datos oficiales del Gobierno, un 60% de los inmigrantes que se internan en los CIE acaban siendo puestos en libertad tras unos meses infructuosos. Por eso, desde SJM reivindican el cierre de estos centros, y piden dirigir la atención más hacia centros abiertos de de estancia temporal, en los que no se vulneren los derechos de nadie o la protección de migrantes en situaciones irregulares.

Instalaciones y servicios descuidados

Josep Buades, autor del informe, ha denunciado la situación de un centro concreto, el CIE málaga 2 de Archidona, que actualmente se encuentra en fraude de Ley. Denuncia instalaciones y servicios mal acondicionados, que el personal sea policial, que la defensa letrada de los internos es más que mejorable… Hechos que se traducen en altercados que pueden acabar en tragedia, como el caso del suicidio de Mohamed Bouderbala. 

Por su parte, Anna Bosch, abogada en Pueblos Unidos, conoce bien esta situación porque es una de los voluntarios que visitan los centros regularmente. Las visitas son de acompañamiento y acogida, pero también tienen un doble carácter preventivo y correctivo: preventivo para detectar vulneraciones de derechos, o para cambiar una orden de expulsión injusta por falta de personalización en los procesos. Correctivo porque estas entrevistas con los internos, en caso de sospecha, acaban en advertencias a los directores de los centros o quejas al defensor del pueblo o los jueces de control.

Estos últimos ya se han quejado en varias ocasiones de falta de cámaras de seguridad, asistencia jurídica, o cultural –muchos necesitan intérpretes que no llegan– pero también incluso médica y sanitaria, falta de iluminación natural, abundancia de rejas…