La Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunió ayer, 7 de junio, por la tarde con el presidente Daniel Ortega, para tratar con él la insostenible situación de violencia que vive el país. Después de la reunión, el cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, leyó un comunicado a los medios de comunicación explicando el encuentro, cumpliendo con su anuncio de informar a la población sobre cada paso que dieran.
Según recoge el Nuevo Diario, el cardenal informó de que el encuentro transcurrió “en un ambiente de franqueza y sinceridad en el que hemos planteado al presidente el dolor y la angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en la mesa plenaria del diálogo nacional sobre la democratización del país”.
Sobre la democratización no se han hecho más declaraciones, pero aseguran que han entregado al presidente “la propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad”, y están a la espera de la respuesta del presidente, que ha pedido unos días para reflexionar. Una vez conteste a los obispos, Brenes ha explicado que convocarán la mesa plenaria del diálogo nacional “para valorar dicha respuesta y por lo tanto la factibilidad de continuar el mismo diálogo”.
Duterte insiste en que su guerra respeta los derechos humanos
El sacerdote Edwin A. Gariguez, secretario de Cáritas Filipinas, afirmaba recientemente en entrevista con AsiaNews que “la guerra contra las drogas es ante todo una operación del Gobierno cuyo objetivo es acabar con las drogas (…). Estamos todos de acuerdo en que esto es algo necesario, pero la Iglesia se opone a los medios que se están utilizando para acabar con el problema. Existen violaciones de derechos humanos”.
Quizá por esto, y aprovechando las bodas de plata de la ordenación del cardenal Luis Antonio Tagle, ayer, 7 de junio, el general Oscar D. Albayalde, jefe de la policía nacional de Filipinas, se acercó a su residencia para felicitarle. Durante el encuentro entre el militar y el purpurado, Albayalde aseguró al cardenal que la guerra contra las drogas que el presidente está llevando a cabo desde su elección en 2016 respeta los derechos humanos y el Estado de derecho. Afirmó sobre los efectivos implicados en la operación que “todos ellos creen en Dios, y respetan los derechos humanos”.
En los últimos meses se ha confirmado la muerte de 3.500 personas en el conflicto, oficialmente por legítima defensa. La policía también ha confirmado la muerte de otras 2.000 personas acusadas de crímenes relacionados con drogas, además de más asesinatos en circunstancias sin esclarecer. La Corte Penal Internacional ya está investigando las denuncias de crímenes contra la humanidad que varias ONG han interpuesto contra el Gobierno de Duterte.
Víctimas de abusos piden al Papa que investigue a obispo de Gante
El portal belga 7sur7 informa de que la plataforma Ending Clergy Abuse, que lucha contra los abusos en la Iglesia, pedirá a la Santa Sede investigar al obispo de Gante, Luc Van Looy. La acusación que se presenta contra el mismo no es de abuso sexual, sino de encubrimiento de un misionero llamado V. Omer, acusado de abusos a menores en Zaire durante la década de 1980, y Ruanda entre 1990 y 2004, y que ahora tiene 82 años.
Este misionero habría abusado de varias personas repetidamente durante sus estancias en África, pero las acusaciones que pesan sobre el obispo son de no haber impedido que continuara con esos viajes, por lo que la plataforma pide una investigación “para averiguar si el obispo hizo lo suficiente para proteger a los niños”.
Sin embargo, el obispado ha contestado que “el obispo prohibió repetidamente a este hombre viajar a África, ya sea por escrito o por vía oral, y es evidente por los hechos que no ha cumplido con esta prohibición en varias ocasiones”. Rechazan por tanto la responsabilidad del mitrado, que apartó al misionero de sus funciones y envió su archivo personal a Roma.
