Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, ha solicitado reuniones con nueve ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, todos ellos relacionados con temas sociales. El objetivo es hacer frente conjuntamente a los “retos más urgentes que plantean las condiciones de precariedad social de las personas acompañadas por Cáritas”.
Con la reciente elección de Gobierno, fue el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, quién mandó una felicitación al Ejecutivo. Peiro ha aprovechado la petición de los diferentes encuentros para presentar el documento ‘Propuestas Políticas,’ que fue elaborado por Cáritas para las últimas elecciones generales.
“Estas Propuestas definen el marco de interlocución de Cáritas para toda la legislatura con los poderes legislativo y ejecutivo, que sirvan para impulsar reformas concretas en aquellas políticas públicas relacionadas con el acceso de las personas empobrecidas a los derechos humanos, como son protección social, salud, vivienda, empleo, inmigración, desarrollo y cooperación internacional”, reza el comunicado que ha emitido la entidad.
Inspiración en la llamada del Papa
El documento se inspira en la llamada del papa Francisco a la última Asamblea General de Cáritas Internationalis a ser parte de “una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. Y en la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, ‘Iglesia, servidora de los pobres’ (2015) que, según indican en Cáritas, “nos urge a buscar propuestas alternativas al actual modo de producir, de consumir y de vivir, con el fin de instaurar una economía más humana en un mundo más fraterno”.
Las diez propuestas que quiere plantear Cáritas a cada ministerio son: ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del protocolo adicional de 1995; garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza severa; garantizar el acceso a la salud a todas las personas; proceder a reformas estructurales que garanticen del derecho a una vivienda digna y adecuada; garantizar un empleo digno y un salario justo; apuesta por la economía social y solidaria en la contratación pública: cláusulas sociales y ambientales; no condicionar el acceso al permiso de residencia a la obtención de un contrato de trabajo; garantizar los derechos humanos en los procedimientos de expulsión; cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y, destinar en esta legislatura el 0,4 % del PIB a ayuda oficial al desarrollo para garantizar la financiación de un modelo de desarrollo sostenible, con el objetivo de avanzar hacia el 0,7%.
