Doce meses de cárcel le han caído a Philip Wilson, arzobispo emérito de Adelaida (Australia), al que el pasado mes de mayo un Tribunal de Newscastle (sureste del país) consideró culpable de proteger a un sacerdote pederasta. Wilson, que renunció a sus cargos como titular de esa archidiócesis y vicepresidente del episcopado australiano, en el más alto representante de la Iglesia católica en ser condenado por la Justicia civil por encubrir a un religioso que había cometido abusos sexuales con menores de edad.
No está claro que vaya a entrar en prisión el prelado, pues sus letrados solicitaron que cumpla la pena en arresto domiciliario debido a las enfermedades que sufre: diabetes, alzheimer y problemas cardiacos. El Tribunal, que no tomará una decisión sobre el encarcelamiento hasta el mes que viene, ya acogió en parte los ruegos de sus abogados al no imponerle la pena máxima prevista para este delito, que era de dos años de prisión.
Valor de las víctimas
Wilson, de 67 años, defendió siempre su inocencia al asegurar que no tuvo información de los abusos sexuales que habría cometido el sacerdote James Fletcher en los años 70 con varios monaguillos. Fletcher fue condenado por aquellos sucesos en 2004 y murió meses después en prisión. Wilson fue asistente de este presbítero pederasta al que nunca denunció a la Policía.
La Conferencia Episcopal Australiana (CEA) emitió un comunicado en el que muestra su esperanza de que la condena al anterior pastor de Adelaida produzca “una sensación de paz y de sanación” a las víctimas de Fletcher. “Hace falta mucha valentía para que los supervivientes de abusos cuenten sus historias. Ellos han sido de vital importancia para ayudarnos a aprender la lección de nuestra vergonzosa historia de abusos y encubrimiento”, reconoce la CEA.
4.500 casos sospechosos
Los obispos reafirman los pasos adelante dados para implementar la ‘tolerancia cero’ frente a la pederastia y subrayan que “los abusos y la ocultación ya no forman parte de la vida católica”. El ‘caso Wilson’ no es ni mucho menos la única herida que la Iglesia católica australiana tiene abierta en este campo, pues una comisión desveló que entre 1980 y 2015 se recibieron quejas de 4.500 personas por presuntos abusos cometidos por unos 1.880 eclesiásticos.
Entre los sospechosos está el cardenal George Pell, que afronta un juicio por este motivo. Cuando se supo que tendría que defenderse en un tribunal, el papa Francisco le concedió en junio del año pasado una excedencia de sus cargos como prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede y miembro del Consejo de Cardenales, el grupo de purpurados que asesoran al Pontífice en el gobierno y la reforma de la Iglesia católica.