La grave crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó, ocasionada por la ineficiencia del gobierno estatal, el accionar de grupos al margen de la ley y la delincuencia común, motivó el comunicado conjunto de las jurisdicciones eclesiásticas de esta región, junto con el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y la Mesa permanente de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó, denunciando estas situaciones que vulneran los derechos de las poblaciones de esta zona –en su mayoría indígenas y afrodescendientes– en el occidente colombiano.
El pronunciamiento, de marcado talante profético, se ha producido ayer, 5 de abril, en el contexto de la 106ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia que se desarrolla esta semana en Bogotá, y fue presentado por los obispos de Apartadó, Hugo Alberto Torres Marín, Istmina-Tadó, Mario de Jesús Álvarez Gómez, y Quibdó, Juan Carlos Barreto.
Deuda con grupos étnicos
“El gobierno colombiano ha avanzado poco en la implementación de los acuerdos con las FARC”, advierten la Iglesia y las organizaciones sociales, subrayando que se “ha desconocido el capítulo étnico” en una región donde se concentran comunidades indígenas y afrodescendientes.
Además el gobierno “tampoco ejerce control integral en los territorios dejados por las FARC” –agregan– lo que deja a sus habitantes a merced de grupos paramilitares, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de otros actores armados.
Las fuerzas armadas estatales “no son suficientes para contrarrestar el accionar de los grupos al margen de la ley”, enfatiza el comunicado, señalando además que “el Ejército tiene una red de informantes de la población civil”, lo cual, a juicio de los denunciantes, “es violatorio del principio de distinción” y no contribuye a la paz sino que pone en riesgo a los ciudadanos.
Criminalidad y homicidios en aumento
La extorsión de los grupos ilegales, el microtráfico, el extractivismo ilegal, el reclutamiento de menores y otras formas de amenazas en las que se constata “la presencia del autodenominado Clan del Golfo que ocupa y disputa territorios étnicos, es evidente”. Asimismo, “el ELN, en los últimos meses, ha incrementado su presencia en todo el Chocó”, detalla el comunicado. Consecuentemente, “en los grandes centros urbanos del departamento la tasa de homicidios supera el promedio nacional”.
Ante estas situaciones de extrema violencia, la Iglesia y las organizaciones sociales etnoterritoriales hacen un llamado, en primer lugar, al gobierno para que “garantice la libre movilidad, la seguridad integral a líderes y lideresas comunitarios, comunidades y organizaciones en el territorio chocoano”, en la misma semana en que se han encendido las alarmas en el país tras el asesinato de otras dos personas abanderadas en la defensa de los derechos humanos, una de ellas, Santa Felicinda Santamaría, en Quibdó, la capital del departamento.
En este mismo sentido, se ha exigido a los organismos de control que “ejerzan con mayor eficacia su responsabilidad frente a la protección de los derechos humanos de los habitantes”.
¡Acuerdo humanitario ya!
Por último, los signatarios del comunicado piden al gobierno y al ELN asumir las exigencias de un “acuerdo humanitario ya, y establezcan un cese al fuego bilateral de forma urgente, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
La solución negocida al conflicto armado sigue siendo el clamor de la Iglesia y las organizaciones sociales, por lo que piden que continúe la mesa de diálogos con esta guerrilla en La Habana, “con criterios de verdad y de coherencia, y en el respeto a la confianza del pueblo colombiano”.
