Como “abominable” y “repudiable” han calificado los obipos colombianos la masacre de siete campesinos en el departamento del Cauca –al suroccidende del país– y el asesinato de dos líderes sociales en Chocó y Atlántico esta semana. “Como pastores, lamentamos estas violaciones al derecho de la vida”, que contradicen “las leyes sagradas del Creador, único dueño de la vida”.
Así lo han manifestado los miembros de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) –reunidos en Asamblea Plenaria en Bogotá– a través de un comunicado firmado por su presidente, Óscar Urbina Ortega, en el que hace “un llamado vehemente a quienes, de manera equivocada, creen que imponiendo acciones violentas se pueden alcanzar objetivos nobles”, subrayando que “estos hechos no contribuyen a la construcción de una auténtica reconciliación y paz”.
En el Cauca, los trágicos hechos tuvieron lugar entre la noche del 2 de julio y la madrugada del día siguiente, en zona rural del municipio Argelia, donde se concentra unas 3.500 hectáreas de cultivos ilícitos –según ha informado Semana– y se ubica “el único corredor [de narcotráfico] habilitado que une la zona montañosa del departamento con el pie de monte costero”.
Aunque el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, en el corregimiento de Sinaí, había sido considerado “un territorio libre de grupos armados y bandas criminales”, como ha afirmado la Comunidad Campesina de Argelia, los cabildos indígenas del Cauca ya habían denunciado la escalada de la violencia debido al incremento de los cultivos de coca y la puja territorial entre grupos disidentes de las FARC y la guerrilla del ELN.
De igual forma, el mismo martes 3 de julio, unas horas después del hallazgo de los cadáveres de los siete campesinos, Santa Felicinda Santamaría, en Quibdó (Chocó), y Luis Barrios Machado, en Palmar de Varela (Atlántico), se sumaron a la escandalosa lista de defensores de derechos humanos asesinados en el país que. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los últimos dos años –hasta el mes de febrero–, 282 líderes sociales han perdido la vida de forma violenta.
Santamaría se había destacado como presidenta del Comité del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, y había sido presidido también la Confederación Nacional de Acción Comunal, mientras que Barrios Machado ejercía su labor social como presidente de la Veeduría de Control Ciudadano en su municipio.
La CEC, por su parte, al tiempo que expresa sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, no cesa de pedir que “se mantenga la cordura y la esperanza sabiendo que vendrán días mejores para nuestra Patria”.