“El principal responsable de la crisis por la que atravesamos es el gobierno nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria”. El diagnóstico de los obispos venezolanos sobre la realidad del país no deja lugar a dudas, a tenor de la exhortación que han hecho público tras concluir la 11º Asamblea General celebrada esta semana en Caracas, en la que consideran que “resulta suicida seguir insistiendo tercamente en un camino de autodestrucción que se volverá contra sus promotores”.
La lectura del documento final estuvo a cargo de Manuel Felipe Díaz, arzobispo de Calabozo, quien estuvo acompañado de Alfredo Torres, obispo de San Fernando de Apure y Juan Carlos Bravo, obispo de la Diócesis de Acarigua Araure. Así, para la Conferencia Episcopal de Venezuela, “la situación del país se torna cada vez más grave”, enumerando en el documento uno a uno todos los problemas de alimentación, salud, acceso a los servicios públicos -como el agua o la electricidad-, el empleo, el éxodo de venezolanos…
La monstruosa hiperinflación
Especialmente preocupados se muestran porque “la mayor parte de la población no cuenta con los medios para hacer frente a la monstruosa hiperinflación”, además de alertar de “la desaparición paulatina del parque automotor, la improvisación de medios de transporte sin control ni seguridad ha sido ocasión de tragedias en distintos puntos del país, con pérdida de vidas humanas y mayores dolores para numerosas familias”. “No se puede pretender resolver la situación de una economía fallida con medidas de emergencia como bolsas de comida y bonos”, claman los prelados.
Con el obispo de Barina, José Luis Azuaje, al frente como presidente del Epicopado, lamentan cómo “el gobierno se presenta ante el país como víctima de manejos externos e internos”. Frente a esto, los obispos consideran que “no es más que la confesión de la propia incapacidad para manejar el país”.
A partir de ahí, subrayan la “ilegitimidad y extemporaneidad” de la consulta electoral de mayo, como reflejo de la “altísima abstención”, que ha llevado a “conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano: la elemental libertad para elegir a sus gobernantes en justa competencia electoral, con autoridades imparciales, sin manipulaciones ni favoritismos”.
Con los presos políticos
“Mientras existan presos políticos, y adversarios a quienes se les niega su derecho a postularse, no habrá proceso electoral libre y soberano”, reclama la Conferencia Episcopal venezolana que llaman a la oposición a “ofrecer al pueblo alternativas de cambio, y trabajar con más fuerza por su bienestar”.
Especialmente llamativo es el mensaje que lanzan también a los militares a quienes piden mantenerse fieles “a su juramento ante Dios y la Patria de defender la Constitución y la democracia, y a que no se deje llevar por una parcialidad política e ideológica”.
Desde ahí, recuerdan además que “la Iglesia no alienta los deseos de venganza ni las retaliaciones, pero tampoco promueve la impunidad de delitos que atentan contra la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales”.
