El canciller del arzobispado de Santiago de Chile, en prisión

Párroco y canciller del arzobispado de Santiago, el sacerdote diocesano Óscar Muñoz, de 56 años, en enero pasado se autodenunció ante su arzobispo, cardenal Ricardo Ezzati, quien lo suspendió de ambos cargos. El pasado jueves 12 fue detenido por Carabineros y al día siguiente llevado ante el Tribunal donde fue formalizado por delitos de abusos sexuales reiterados contra menores. Como medida cautelar quedó en prisión preventiva por el plazo de 180 días para la investigación.

El fiscal a cargo del caso, Emiliano Arias, explicó que los ilícitos por los cuales se formalizó al sacerdote son en contra de cinco víctimas, sin embargo, aclaró, “hay otras en evaluación”. Además, destacó que por el rol que cumplía en la Iglesia “conocía como se maneja el sistema de investigaciones canónicas. Él conocía qué hacer, qué no hacer, cómo manejarse. Cómo poder, en definitiva, asegurar su impunidad” y precisó que en su accionar hubo “clara manipulación psicológica y de abuso de conciencia en relación a las víctimas”. “En este caso, y recordando las palabras del Papa, se trata de víctimas a las que se les ha quitado su inocencia”, añadió. Valoró la prisión como medida cautelar ya que hay “antecedentes que acreditan la existencia de los delitos y antecedentes de que la libertad del imputado es un peligro para la sociedad”, dijo.

También encubridores

Arias explicó que esta investigación “también se refiere a todas las actuaciones o partícipes que puedan tener en este caso como autores, cómplices o encubridores, tanto en este, como en otros casos que tenemos en la Región de O´Higgins” (diócesis de Rancagua). “En este caso, en consecuencia, lo que podemos observar desde ya, es que existe un sistema de investigación paralela de la Iglesia Católica, con acciones que sin duda no son eficientes para que no se sigan cometiendo los delitos. Eso está absolutamente claro, tanto en el escenario mundial como en Chile”, concluyó.

En el caso del excanciller, el Fiscal Arias dijo que los delitos que se le han imputados no están prescritos. Además, están investigando posibles encubrimientos. “Es encubridor aquel que, con conocimiento de la comisión de un delito, con posterioridad facilita que éste no sea descubierto. Esa hipótesis está siendo investigada en este caso”, señaló.

Cuando el cardenal Ricardo Ezzati se refirió a la detención del excanciller de Santiago, dijo que “el fiscal Arias se presentó una vez más al Arzobispado con una orden de entrada, registro e incautación de todas las piezas de investigaciones, tanto aquellas de denuncias, de investigaciones previas, así como aquellas que hayan sido puestas en conocimiento de la congregación para la Doctrina de la Fe, desde 2007″ y reiteró que la Iglesia tiene “disponibilidad de colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido”.

El mismo día de la detención de Óscar Muñoz el Arzobispado de Santiago, en una declaración, negó haber conocido sobre abusos cometidos por su ex canciller previo a su autodenuncia. “No es efectivo –como han informado algunas versiones de prensa- que el Arzobispado tuviera conocimiento de los hechos antes de la autodenuncia del presbítero Muñoz Toledo”, expresa el comunicado.

Cultura del encubrimiento

Juan Carlos Cruz, denunciante del sacerdote Fernando Karadima recibido por el Papa Francisco en El Vaticano, aseguró en su cuenta de Twitter que los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati sabían de esta situación y la encubrieron. “Qué dirán cardenales Errázuriz y Ezzati y obispos auxiliares de Santiago con lo de Muñoz si había antecedentes hace años? Sin duda sabían y como siempre encubrieron! Muñoz como canciller nos tomaba declaración. Delincuentes todos!”, dice.

Respecto a las palabras de solidaridad hacia las víctimas de Muñoz emitidas por Ezzati, Cruz señaló que el religioso “no conoce la empatía” y aseguró que sabía que había antecedentes hace años, a lo que agregó: “Otra vergüenza más”.

Por su parte, José Andrés Murillo, otra víctima de Karadima también escuchado por el Papa en Roma, reveló un encuentro que sostuvo hace años con Muñoz, cuando era Canciller y él fue a dar testimonio en contra del párroco de El Bosque. “Recuerdo perfecto que cuando comenzamos me senté y me dijo: “¿Por qué sigue con este tema de los abusos?”. Le dije que esto era gravísimo y que su rol no era juzgarnos por declarar, sino tomarnos la declaración. Me quedó grabado”, dijo. Murillo plantea que ya es tiempo de profundizar en la responsabilidad de obispos en su rol de encubridores de distintos tipos de abusos sexuales. “Estamos estudiando qué acciones legales seguir, porque esto nos parece gravísimo, ya que deja en evidencia que las palabras del Papa siguen vigentes. Aquí es el Estado el que tuvo que entrar. No fue iniciativa de la Iglesia entregar los antecedentes. La cultura de abuso y del encubrimiento sigue vigente”, expresó.

Según fuentes del Ministerio Público, este es uno de los focos que seguirá Arias, toda vez que Muñoz Toledo ejerció desde 2011 como brazo derecho del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. En ese cargo, tuvo en custodia los documentos eclesiásticos en que figuraban siete acusaciones en su contra por abuso sexual y estupro, entre los años 2002 a 2018, que afectaron a menores de entre 11 y 17 años al momento de la ejecución de los delitos. Sin embargo, no hubo denuncias ante la justicia civil.

Allanamiento ante negación de entregar antecedentes

Una situación similar se está viviendo en las diócesis de Temuco y Villarrica (vecinas, a 680 kilómetros al sur de Santiago). El obispado de Villarrica, en declaración pública ha dicho que “la prensa informa que el allanamiento se debe a que las Diócesis se negaron a entregar antecedentes a la fiscalía. Esto no es conforme a la verdad, pues nuestra disposición fue colaborar y así se lo hicimos ver a la Fiscalía, pero que debía ser siguiendo las disposiciones legales civiles y canónicas”.

La Fiscalía regional pidió los expedientes de acusaciones a varios sacerdotes de esas diócesis, a lo que se les respondió que están sometidos al secreto pontificio por tratarse de materias propias de la Congregación de la Doctrina de la Fe. La respuesta de la Fiscalía fue el allanamiento de oficinas de los obispados de Temuco y Villarrica en el marco de la indagatoria contra sacerdotes implicados en presuntos casos de abuso sexual impropio contra menores.

La documentación incautada corresponde a denuncias, investigaciones previas, indagatorias vigentes o afinadas. Además de aquellas que fueron puestas en conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe a partir del 2000 y que dicen relación con delitos sexuales cometidos por sacerdotes.

El fiscal de Temuco, Roberto Garrido, explicó que los antecedentes “se solicitaron oportunamente, tanto a los obispados de Temuco como de Villarrica, estas entidades comunicaron que no podían entregar esos antecedentes aludiendo a ciertas prohibiciones de carácter legal y de orden interno de la Iglesia. Como no hubo una entrega de forma voluntaria entonces solicitamos la autorización que correspondía al Juzgado de Garantía, hicimos exposición de los antecedentes y el Tribunal estimó que procedía la incautación”.