“Reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas, con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil. Tengo la convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia, y como ciudadano cumpliré con mi deber de aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer los hechos”, afirmó Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago de Chile, según un comunicado oficial.
Hizo esta declaración luego de que el fiscal Emiliano Arias le citara a declarar el 21 de agosto en calidad de imputado por su eventual responsabilidad en delito de encubrimiento.
El 13 de junio, Arias allanó oficinas del Arzobispado de Santiago y del Obispado de Rancagua, además del Tribunal eclesiástico de Santiago. Allí confiscó computadores y carpetas de documentos con información sobre procesos relativos a abusos. Aunque no hay información explícita, el hecho de citar a Ezzati al tribunal de Rancagua hace presumir que lo relaciona con el caso del ex Canciller del arzobispado, Óscar Muñoz, actualmente en prisión.
En estos días se ha difundido también una acusación contra Hernán Henríquez, sacerdote de Concepción que fue rector del Seminario. El padre de la víctima presentó la denuncia a Ezzati cuando era arzobispo en esa ciudad. Como no hubo proceso, ahora lleva la denuncia a la justicia civil.
Encubrimiento de los delitos
La canonista Ana María Celis, entrevistada por El Mercurio, hizo notar que “es una imputación muy grave confundir encubrimiento con no denunciar, menos cuando la víctima ha pedido confidencialidad”. Así se refiere a esta tendencia de la Fiscalía a indagar encubrimiento en torno a los casos denunciados por abuso de sacerdotes.
La imputación al cardenal arzobispo de Santiago ocurre cuando se ha filtrado una carta del ahora obispo emérito de Rancagua, Alejandro Goic, a Ezzati el año 2013 en la que le dice que “a veces tengo la impresión, quizás muy subjetiva, que no compartes los criterios de la Comisión Nacional en estos delicados temas”. Más adelante le confiesa: “A mí no me ha sido fácil mantener la comunión contigo y respetar y escuchar los juicios críticos de los integrantes (del Consejo de prevención de abusos) requiere un equilibrio complejo”. Finalmente le expresa que “ha faltado provocar un diálogo fraterno, en que, por el amor al Señor y a la Iglesia, conversemos sinceramente y aunemos criterios en materias que han marcado dolorosamente nuestra Iglesia”.
Ayer Goic aseguró que “nunca hice entrega ni envié ese documento a su destinatario, porque después tuve la oportunidad de hablar directamente con él sobre su contenido”. La carta sería parte de los documentos incautados en el Obispado de Rancagua. “El documento publicado corresponde al texto borrador de una carta privada que preparé para el señor arzobispo de Santiago en su momento y que archivé en las carpetas del computador de la Curia Diocesana”, continúa Goic en su declaración pública.
“Deploro, agrega, que se hagan públicos documentos privados que fueron entregados a la justicia, bajo la reserva y confidencialidad que una investigación judicial en desarrollo conlleva“, y reitera su “total disponibilidad a seguir colaborando en pos de la verdad y la justicia”.
Causas judiciales en todo el país
Los obispos tienen programada una asamblea plenaria extraordinaria la próxima semana y es esperable que en ella aborden estos temas ya que otros obispos también podrían ser vinculados a denuncias de abusos, principalmente en la figura del encubrimiento. Sobre todo, porque siguen siendo presentadas nuevas denuncias, a través de medios de comunicación y en algunos casos directamente a la justicia civil, de casos ocurridos hace varios años.
La Fiscalía, por su parte, dio a conocer que hay 144 causas en el Ministerio Público en todo el país que afectan a 158 personas investigadas sobre casos ocurridos desde el año 1960. La mayor cantidad de denuncias se realizaron en las regiones Metropolitana (39), del Biobío (18) y de Valparaíso (17). De las 158 personas indagadas 74 son obispos, sacerdotes o diáconos que no pertenecen a una congregación; 65 corresponden a religiosos que sí pertenecen a una orden, en los cuales destacan 16 salesianos y 15 maristas. Además, hay 10 laicos a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios.
De ese total, hay 36 causas vigentes. La mayoría corresponde a delitos sexuales, sin embargo hay “cincos casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”, indica el estudio del Ministerio Público.
