La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) dio inicio a un proceso articulación con diferentes actores eclesiales, comunitarios, sociales y académicos, para promover la defensa de la vida y los derechos de las comunidades en situación de aislamiento voluntario en la región amazónica.
Todo esto en atención al mensaje del papa Francisco, quien durante su visita a Puerto Maldonado (Perú) –en enero de este año–, mostró su preocupación por estos pueblos considerándolos “los más vulnerables, entre los vulnerables”.
Defender la vida de los pueblos
Es así como la REPAM ha suscrito una declaración conjunta con comunidades y organizaciones indígenas, entidades sociales y académicas, invitando “a toda la Iglesia católica, que se prepara para el Sínodo de la Amazonia, y particularmente a la Iglesia presente en esta región, a acoger el llamado del papa Francisco, asumiendo con osadía y esperanza la opción por la defensa de la vida de estos pueblos”.
Previamente a esta declaración se realizaron dos encuentros, uno en abril, en Cuiabá (Brasil), y otro a inicios de julio, en Puerto Maldonado, en los cuales se reafirmó la autodeterminación como base para la protección de sus derechos y se trabajó en la construcción de estrategias colectivas y regionales que apuntan en esta dirección.
150 comunidades indígenas en aislamiento
El desafío no es pequeño. En pleno siglo XXI, a pesar de la revolución tecnológica, aún existen poblaciones indígenas que no han tenido contacto con el exterior. “En la región amazónica, existen informaciones sobre la existencia de cerca de 150 pueblos, o segmentos de pueblos, que no mantienen contactos sistemáticos o permanentes con la sociedad que les rodea”, señala la REPAM.
A la vez, la articulación eclesial denuncia que “la expansión sobre sus territorios de diferentes frentes económicos a lo largo de todo el proceso de colonización, viene acompañada de una violencia sistemática sobre estos pueblos, de explotación y desplazamientos forzados”.
Todo este proceso de ocupación de externos llevó a un gran número de pueblos al exterminio, y muchos, “buscando preservar su autonomía”, optaron por “limitar o evitar relaciones con terceros”.
Bajo amenaza
Estos pueblos aislados o no contactados, libres y autónomos, están bajo amenaza producto de la invasión de sus territorios. Entre los factores de riesgo se encuentran: la tala ilegal de madera, la minería, la explotación de petróleo y gas, el narcotráfico, la deforestación y la agro-industria, así como los grandes proyectos de infraestructura (carreteras, ferrovías, ductos o hidroeléctricas, entre otros).
Los declarantes afirman que todas estas irregularidades, “al servicio de una economía exportadora y de acumulación, continúan avanzando de forma acelerada sobre los territorios más remotos donde estos grupos habían conseguido una vida autónoma y libre”.
Otro factor de riesgo tiene que ver con “la inexistencia de mecanismos de cooperación entre los Estados y de marcos legales apropiados”, que inciden en el aumento de la vulnerabilidad y falta de garantía de “sus derechos fundamentales como consecuencia, por ejemplo, de la diversidad de criterios entre los países para reconocer, delimitar y proteger los territorios”.
La responsabilidad de los Estados
Tanto la REPAM como sus aliados señalan también que “los Estados nacionales tienen obligaciones irrecusables para garantizar e implementar los derechos de los pueblos en aislamiento recogidas en sus propios marcos constitucionales”. Asimismo, “existen instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas que establecen también obligaciones a los Estados que deben ser cumplidas”.
Explícitamente hacen mención del Convenio 169 de la OIT (1989), la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Declaración de la Organización de los Estados Americanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016) y las Directrices sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y el Informe Temático (2014), como ejes del “marco fundamental de derechos de los pueblos indígenas y obligaciones de los Estados”.
“Sin embargo, y a pesar de la contundencia de este marco legal, verificamos su incumplimiento sistemático por parte de los Estados. La existencia de estos grupos es frecuentemente negada o invisibilizada, lo que facilita en muchos casos la autorización para emprendimientos económicos que afectan directamente sus territorios”, denunciaron.
Derechos fundamentales e irrenunciables
Frente a esta situación de vulnerabilidad, las organizaciones nucleadas por la REPAM reafirman su compromiso por la defensa de sus territorios y de sus derechos, invitando a “las comunidades y organizaciones indígenas, entidades sociales y académicas y a la sociedad en general para buscar, juntos, caminos que garanticen el reconocimiento y el respeto a los pueblos aislados y exijan las medidas necesarias para la protección de su vida y sus territorios”.
En este sentido, la REPAM reafirma públicamente algunos elementos que “consideramos fundamentales e irrenunciables”, como el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas en aislamiento; el no-contacto forzado, respetando su libre decisión y el tipo de relaciones que quieren establecer con otros grupos; el derecho a los territorios que ocupan de forma tradicional, garantizando sus límites y su inviolabilidad; el principio de precaución como medida de protección; y la obligatoriedad de los Estados nacionales de garantizar e implementar medidas de protección territorial y garantía de derechos.
