El pasado miércoles 8 de agosto, mientras el Senado argentino vetaba el aborto libre y gratuito, había dos manifestaciones, muy cerca. Una, con el color azul como seña, defendiendo la vida. La otra, teñida de verde, apoyando el aborto. Y en la segunda había un mostrador muy peculiar con el letrero ‘Haga fila aquí para renunciar a la Iglesia católica’. Se trata de una iniciativa de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) que promueve la apostasía como forma de castigo a la Iglesia por ayudar a frenar el aborto. De este modo, al tener menos fieles, defienden que la institución recibiría menos ayudas del Estado.
Rodeados de estampas de san Cayetano -el santo del día- con un pañuelo verde al cuello, muchos jóvenes rellenaron y firmaron los formularios que, según recoge Infobae, la CAEL después lleva a las diócesis para hacerlos oficiales. “Nosotros perseguimos la separación de Iglesia y Estado. La apostasía es un acto personal y político. Acá facilitamos el trámite”, explica Marcela Brusa, de la asociación organizadora.
“Queremos que se sinceren los números de fieles. La Iglesia usa el número de bautizados para reclamar privilegios del Estado -afirma Brusa-, aporta 20 mil millones de pesos anuales y recibe entre 500 y 1.000 propiedades por año”. Pero los que apostatan no hablan de esto, más bien tienen una queja común: “Me parece malísimo lo que hace la Iglesia con el aborto. Me enoja la injerencia de la Iglesia católica en el aborto. Quiero ayudar a que la Iglesia no tenga poder en las decisiones del Congreso”. Castigo a la Iglesia por defender la vida.
La CEV condena las detenciones arbitrarias
La Conferencia Episcopal Venezolana condena en un comunicado la situación surgida a raíz atentado contra el presidente Nicolás Maduro acontecido el pasado 4 de agosto. En el documento, la CEV pide que “los hechos punibles que se investiguen, deben determinarse siguiendo los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales”.
Denuncia así las “detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas” provocadas por “indicios y presunciones de responsabilidad” que se están produciendo por parte de un gobierno que aprovecha el atentado para llevar a cabo acciones con tintes represivos. Así, los obispos piden que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República están obligadas a “velar por el efectivo respeto y garantías de los Derechos Humanos, investigando de oficio las denuncias que conozcan, amparar y proteger los intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades y desviaciones de poder”.
Finalmente instan al gobierno “a cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”.
El obispado castrense de Chile, registrado
La policía chilena recibió ayer orden judicial de registrar el obispado catrense, sito en Santiago de Chile, diócesis de Ezzati, para buscar documentos relacionados con el encubrimiento de abusos sexuales. El juez o’Higgins, quien ha ordenado el registro, sospecha que “podría haberse cometido un encubrimiento por parte del Obispado Castrense”. Este es el mismo juez que instruye el caso de Óscar Muñoz, excanciller de la diócesis y acusado de abusos sexuales a menores.
Según recoge Público, la información almacenada en el obispado podría ser clave en el caso de Muñoz, así como en el de Ezzati, acusado de encubrimientos y citado ante el juez el próximo 21 de agosto.
