El Fiscal Raúl Guzmán, a cargo de las causas de abuso sexual en la Congregación Marista a lo largo de Chile, allanó la sede de la Conferencia Episcopal en busca de información complementaria para identificación de las víctimas. “Ya se requirieron antecedentes en diligencias anteriores, explicó el Fiscal, y el objetivo de la diligencia de hoy es complementar esos antecedentes, lo que se ha hecho mediante esta entrada autorizada por los tribunales de Justicia”, dijo.
Guzmán informó también que esos antecedentes corresponden a hechos que pueden ser constitutivos de delitos y que “involucran a víctimas como a eventuales imputados”.
Al cabo de 2 horas los policías con el Fiscal a la cabeza se retiraron del edificio con documentación incautada. De ahí se dirigieron a la residencia de los Hermanos Maristas, en Providencia, donde también procedieron a allanar e incautar antecedentes.
Esta casa está ubicada al frente de la Nunciatura Apostólica y allí residen hermanos ancianos, enfermos y algunos investigados. Esta investigación ya tiene unos 25 involucrados y más de 50 víctimas, todos ellos por hechos que datan de la década del 70. Desde allí los policías continuaron allanando los colegios Marcelino Champagnat y Alonso de Ercilla, ambos de la congregación Marista en Santiago.
Este allanamiento se suma a los realizados en los obispados de Rancagua, Temuco, Villarrica y Castrense, además del Tribunal Eclesiástico de Santiago, en los dos meses recientes.
Estas acciones ocurren simultáneamente con la confirmación hecha por la Fiscalía Nacional de que Cancillería entregó al Vaticano los requerimientos internacionales de solicitud de expedientes canónicos de imputados investigados en casos de presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Con ello también entregó la petición de acceso al Informe Scicluna. Este es un documento de 1.500 páginas entregado al papa Francisco por la misión especial encabezada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna.
Mientras, nuevas denuncias son presentadas en varias regiones del país y los medios de comunicación mantienen el tema con entrevistas a víctimas actuales y de casos antiguos.
Una denuncia que tiene especial relevancia es la que confirmó la Fiscal Regional de Bíobio, Marcela Cartagena, en contra del obispo de Chillán, Carlos Pellegrín. Cartagena informó que esa denuncia fue hecha el 2 de agosto de este año y al día siguiente “la fiscal Marcia Venegas, especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Local de Chillán, despacha una orden de investigar”, señaló la jefa del Ministerio Público regional. Cartagena aseguró que esta indagatoria está relacionada a delitos de índole sexual, pero no precisó el motivo de por qué se está investigando al obispo Pellegrín.
Este caso marca precedente ya que -de confirmarse la denuncia- Pellegrín sería el primer obispo en ejercicio acusado directamente por abusos sexuales. Distinta es la situación del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, indagado por encubrimiento y que deberá prestar declaración el próximo 21 de agosto en la investigación que lleva en sus manos el fiscal Emiliano Arias.
Conocida la denuncia contra Pellegrín, el movimiento Red Laical Chile declaró que espera que el obispo sea separado de sus funciones y el Papa Francisco acepte su renuncia. “La Iglesia de Chillán ya estaba muy golpeada y hemos pedido que se acepte su renuncia y se nombre administrador apostólico”, dijo la dirigente de la Red Laical Chile, Mirena Romero.
Pocos días antes, el mismo Pellegrín había dado a conocer los resultados de la investigación en contra de dos sacerdotes de esa diócesis, uno de ellos sancionado por abusar de un sacristán en 2012. Por su parte, Nayalet Mansilla, quien presidirá la nueva fiscalía regional de Chillán, reveló que el Ministerio Público había recibido una cuarta denuncia en contra de sacerdotes de la diócesis de Chillán por abusos.
“Lo que está ocurriendo hoy en Chillán con Pellegrín es tremendo y puede marcar un precedente gigantesco. Es un obispo que desde hace varias semanas está en el tapete, precisamente por la manera en que fue negligente a la hora de investigar a sus sacerdotes”, dijo Juan Carlos Claret, vocero de los Laicos de Osorno, diócesis que consiguió la salida de otro controvertido alto cargo de la iglesia, el obispo Juan Barros.
El obispo Carlos Pellegrín, en declaración pública, aseguró que “no he tenido ningún oficio ni información de la Fiscalía. Obviamente que me impacta la noticia”. Y aseguró su disposición a colaborar con la justicia: “quiero manifestar que para mí la disposición es la misma para todos los casos que hemos tenido que investigar en el Obispado: la de colaborar al máximo con todo lo que requiera el Ministerio Público”, expresó.