La Corte Suprema del estado de Pensilvania (Estados Unidos) ha publicado este martes un amplio informe de más de mil páginas, en el que recoge la documentación de 300 supuestos casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes en 6 diócesis del estado. El texto ha calculado en torno al millar el número de víctimas de dichos abusos, ocurridos entre 1984 y 2002.
Dicho informe ha sido preparado también con documentación ofrecida por las diócesis estadounidenses, aunque no omiten acusaciones de obstrucción por parte de los obispos y las curias diocesanas. Antes de esta investigación ya se había hecho un informe similar con los casos de 2 de las 8 diócesis del estado. El informe actual recoge los datos de las 6 restantes. Todas las iglesias locales han respondido con diferentes comunicados e intervenciones de sus prelados. “Remordimiento profundo”, “tristeza”, “shock” y “vergüenza” son las expresiones que más se repiten.
Una herida desgarradora
Los obispos de Pensilvania han condenado directamente todo tipo de abuso tras conocer las conclusiones de este documento que ha presentado públicamente el Fiscal general del Estado. En una declaración, la Archidiócesis de Filadelfia ha señalado que el contenido “es doloroso”, de forma especial “para los sobrevivientes a los abusos sexuales y para sus familias”. En su comunicado, centrado en la situación de las víctimas, recuerdan los canales de ayuda con los que cuenta la diócesis: “este informe y su alcance pueden afectar profundamente a las víctimas y a nuestra comunidad en general. Queremos que todos los afectados sepan que no están solos: hay recursos gratuitos y confidenciales para las víctimas identificadas en el informe, para los feligreses que necesitan ayuda para procesar esta información y para la comunidad en general que puede necesitar orientación”.
Por su parte, el obispo de obispo de Pittsburgh, David Allen Zubick, que antes de conocer el texto ya había anunciado que la diócesis publicaría la lista de los clérigos acusados de abusos, ha escrito una carta en la que señala que la Iglesia “está herida por los desgarradores datos del informe del Gran Jurado”. Apenado por “no poder disminuir el dolor surgido”, pide perdón a las víctimas y sus familias a la vez que recuerda los pasos dados para ofrecer misericordia a las víctimas “y ayudar a recuperarse”. Por ello, ha prometido “trabajar duro para crear entornos en los que sus hijos puedan estar seguros”. “Cualquier esfuerzo para proteger a los niños es más eficaz cuando trabajamos juntos”, ha reiterado.
Mantener los niños a salvo
La diócesis de Scranton también ha emitido un comunicado –además de publicar en su web una lista de 70 culpables, sacerdotes y laicos– en el que señala que hay que “garantizar que ningún niño sea víctima de abusos y que ningún culpable sea protegido”. El obispo, Joseph C. Bambera ha ratificado su política de “tolerancia cero” y ha señalado la colaboración que la diócesis ha tenido con la fiscalía. “Si bien el pasado no se puede cambiar, la diócesis de Scranton sigue dedicada a mantener a nuestros niños a salvo de los abusos en el futuro”, ha señalado en un vídeomensaje.
También la diócesis de Erie ha salido al paso del informe, admitiendo la complicidad de un obispo anterior que también se encuentra acusado. El obispo actual Lawrence Persian ya se ha puesto en contacto con las víctimas mencionadas.
También el obispo de Harrisburg, Ronald W. Gainer ha señalado su compromiso “a proseguir e intensificar los cambios positivos para garantizar que tales atrocidades no vuelvan a ocurrir nunca más”. “Quiero que los niños, los padres, los feligreses, los estudiantes, el personal, el clero y el público sepan que nuestras iglesias y escuelas son seguras; no hay nada que tomemos más en serio que la protección de aquellos que atraviesan nuestras puertas”, ratificó.
