En el contexto del encuentro nacional de directores de pastoral social que se realiza en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), en Bogotá, desde el pasado martes 14 de agosto y que concluye hoy, jueves 16, las pastorales sociales del departamento de Nariño, que involucra las diócesis de Pasto, Ipiales y Tumaco, zonas golpeadas por la violencia, realizaron un balance de las acciones emprendidas por la Iglesia frente a la crisis humanitaria que afecta a los habitantes de esta región suroeste del país.
En rueda de prensa convocada desde la CEC, los directores de las pastorales sociales Alfredo Cuero (Tumaco), Vicente Legarda (Ipiales) y James Caicedo (Pasto), acompañados por Héctor Fabio Henao, director nacional de la pastoral social / Cáritas Colombiana (en la foto), hicieron lectura de un comunicado en el que detallaron el trabajo eclesial, enfocado en tres aspectos clave: líderes sociales, crisis migratoria de venezolanos, mesas de diálogo gobierno ELN e implementación de los acuerdos de paz.
“La pastoral social en el encuentro de sus directores hemos decidido enfocar una parte muy importante de nuestras reflexiones y esfuerzos hacia la problemática que viven los líderes sociales en todo el país”, comenzó diciendo Henao.
El balance de la pastoral social muestra que el acompañamiento a líderes y lideresas sociales alcanza a 1.360 personas, a través de “capacitaciones, asesorías y acompañamiento en la formulación e implementación de planes y rutas de autoprotección”, como respuesta a las amenazas y asesinatos que ubican a Nariño en el tercer lugar de “afectación por este fenómeno”.
En este sentido, el director nacional de Cáritas Colombia manifestó que desde esta instancia buscan mostrar los caminos de protección y autoprotección a los líderes sociales para que “en todos los rincones del país haya solidaridad y cercanía” con ellos, a fin de “garantizar sus vidas, porque esta es una problemática muy grande que afecta a la sociedad colombiana en su conjunto”.
Por otra parte, Henao también destacó que “el desplazamiento no ha terminado en el país, sigue siendo un fenómeno que impacta a algunas regiones de Colombia y, en particular, al suroccidente”, refiriéndose concretamente al problema migratorio generado con la llegada de venezolanos a la frontera de Ipiales, donde han sido atendidas 3.110 personas, “priorizando madres con niños, madres gestantes y personas de la tercera edad”.
El tema de la migración venezolana fue calificado por el director de la pastoral social como un asunto “de enorme prioridad para la región, no solamente para Colombia”, sino para otros países, por lo que requiere “soluciones humanitarias y hemos estado acompañando muy de cerca a quienes recorren a pie este país hasta llegar a Ipiales (en la frontera con Ecuador) y a quienes buscan quedarse”.
Asimismo, elogió los esfuerzos que las comunidades han realizado para combatir todo tipo de xenofobia: “Las mismas comunidades vienen siendo solidarias” –comentó– especialmente para “superar toda clase de discriminación, señalamientos y estigmatizaciones contra las personas que salen de Venezuela buscando mejores condiciones de vida”
En cuanto a la continuidad de la implementación de los acuerdos de paz y la invitación que ha hecho a la Iglesia el nuevo gobierno de Iván Duque, para redefinir las mesas de diálogo con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), el también director de la Comisión Nacional de Paz, manifestó que “dependerá de las posiciones que adopte [tanto] el gobierno como el ELN” y que “muy bien sirve evaluar en este momento cuál va a ser el paso que se va a dar”.
“Se ha dado un plazo de 30 días para el análisis y estudio de esas negociaciones, de lo que es el impacto del ELN sobre el territorio y las afectaciones que pueda producir”, agregó Henao, y recordó que “la Iglesia tuvo un rol junto a Naciones Unidas en el acompañamiento de todo el proceso de cese al fuego”.
Respecto a los acuerdos de paz con las FARC, en el comunicado presentado también se expresó que se ha hecho el seguimiento correspondiente “con el ánimo de dar mayor participación a todos los actores sociales y facilitar la toma de decisiones en todos los niveles, y visibilizar las reales condiciones de implementación”.