A ocho días de la consulta anticorrupción, prevista para el domingo 26 de agosto, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) ha sentado su posición: “Reiteramos el urgente llamado a luchar contra la corrupción en todas sus formas. Hay que acabar con la corrupción para poder caminar con decisión hacia los grandes propósitos nacionales”.
Así lo ha manifestado el episcopado, a través de un comunicado firmado por el presidente de la CEC, Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio, el vicepresidente, Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, y el secretario general, Elkin Fernando Álvarez, obispo auxiliar de Medellín, al denunciar “el gravísimo mal que entraña la corrupción para las personas, las instituciones y la sociedad” que, en palabras del papa Francisco, es “un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte”.
Los frutos de la corrupción en el país son evidentes: “acarrea pobreza, injusticia, desigualdad, exclusión, violencia y muerte”, además, de acuerdo con los obispos, “toda acción corrupta retrasa las dinámicas del progreso integral de una comunidad y frustra las esperanzas de muchísimos hombres y mujeres”.
Expresamente, con relación a la jornada democrática del próximo fin de semana, la Iglesia invita al pueblo colombiano “a acudir a las urnas para responder a la consulta en torno a algunas medidas contra la corrupción”, aunque advierte que “si bien esta consulta representa una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana, debemos tener presente que no es suficiente para acabar la corrupción”.
Desde esta perspectiva, más allá de los resultados de la consulta, el episcopado estima que será necesario “multiplicar y fortalecer las iniciativas que procuren la formación de la conciencia, la cultura de la legalidad, la educación integral de las personas, la transmisión de los valores, la participación y las veedurías ciudadanas, la atención a las necesidades de los más pobres e indefensos”.
Los obispos hacen un llamado para implantar en el país “una ética basada en la dignidad de la persona, en la honestidad y en los valores”, que apunte al bien común, la convivencia y la justicia, y confían que el fortalecimiento de la institucionalidad conlleve a la implementación de “políticas y controles que garanticen la transparencia” en la administración de los recursos y en la realización de “un verdadero proyecto nacional”.
Con todo, estiman que el ejercicio de la consulta “nos debe dejar como fruto una mayor sensibilidad para enfrentar con valentía la lucha contra la corrupción”.