“El ordenamiento jurídico español tiene instrumentos más que suficientes para en su relación institucional con la Iglesia católica proceder a la exhumación”. Con estas palabras la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se refería hace unos minutos a las nulas trabas eclesiales que se esperan al presentar el decreto ley que culminará con la exhumación de los restos De Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Después de varios meses de polémica y de un ejercicio de fontanería legal para reducir al máximo el margen de maniobra a la familia del dictador, esta mañana el Consejo de Ministros aprobaba el decreto ley que reformará la Ley de Memoria Histórica para ejecutar la medida, que tiene que ser convalidada por mayoría simple en el Congreso. Los familiares de Franco dispondrán de quince días para presentar alegaciones y decidir dónde trasladar sus restos. De no pronunciarse será el Gobierno quien tome esta última decisión.
Con las víctimas presentes
En el encuentro con los periodistas en Moncloa, la vicepresidenta socialista ha argumentado que “no es sostenible 40 años después esta situación”, preguntándose: “¿Cuándo este país va a tener los restos mortales del dictador en una tumba para su enaltecimiento junto con las víctimas?”.
Así, el Ejecutivo, en palabras de Calvo, tiene previsto “hacerlo lo más rápidamente posible. Dependerá también de los plazos que tenemos que ir agotando, que son garantías para la propia familia”. Afinando todavía más, ha asegurado que “antes de final de año habremos culminado todo el procedimiento administrativo que nos permite la exhumación de los restos de Franco”.
