Cincuenta entidades civiles, entre las que se encuentran algunas eclesiales como Cáritas Española o el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), han elevado su enérgica protesta contra la devolución en caliente de 116 migrantes y refugiados que, el pasado 22 de agosto, consiguieron traspasar la valla de Ceuta. Un momento de gran tensión en el que resultaron heridos varios agentes de la Guardia Civil, sin haber noticias del estado de posibles migrantes afectados por la refriega.
En un comunicado conjunto, las organizaciones documentan los hechos: “El Ministerio del Interior confirma que, al día siguiente, estas personas habrían sido devueltas a Marruecos mediante la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992”.
Un reducto legal anticuado
“Este Acuerdo –denuncian–, hasta el momento, no había sido aplicado sino de forma muy incidental y marginal para la devolución de personas interceptadas en algunos de los islotes de soberanía española cercanos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
Ante ello, las entidades sociales denuncian que “el Acuerdo de Readmisión de 1992 no supone ninguna base jurídica distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el retorno de cualquier persona que se encuentre bajo la potestad de las autoridades migratorias españolas”.
Por tanto, se trata de “un mero instrumento jurídico para posibilitar la ejecución de una previa decisión de retorno a Marruecos adoptada por las autoridades españolas”.
Se ha vulnerado el protocolo
Aún más, también advierten de que incluso se ha vulnerado del protocolo del propio Acuerdo, pues “cualquier persona que sea entregada a las autoridades de Marruecos en aplicación de este Acuerdo debe haberlo sido tras la tramitación de alguno de los procedimientos previstos en la legislación de extranjería (en este caso, el procedimiento de devolución) en el que han debido observarse todas las garantías previstas legalmente”. Entre esas garantías, señalan, “se incluyen los derechos de asistencia letrada, de intérprete y someter la decisión a revisión judicial”.
En el marco de este procedimiento, además, deberían haberse podido identificar “situaciones de especial vulnerabilidad susceptibles de tutela e impeditivas de la ejecución de la decisión de retorno, como son la minoría de edad, potenciales solicitantes de protección internacional o víctimas de trata de seres humanos. La inusitada celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos permite cuestionar que dichas garantías se hayan satisfecho materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento”.
Y estas solo son algunas de las medidas que establece el protocolo, habiendo otras más como “la necesidad de una solicitud formal en que se hagan constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo”.
Varadas en territorio marroquí
La celeridad de la expulsión tampoco hace prever que España se haya asegurado, tal y como fija el protocolo, de que “los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje”. “Difícilmente –entienden–, Marruecos está en disposición de poder dar cumplimiento a esta exigencia ni España podría hacer frente a su compromiso asumido internacionalmente de que pueda asegurarse de que estas personas son retornadas a sus países de origen. Nada parece apuntar a que Marruecos y España pueda garantizar que estas personas no quedan varadas en territorio marroquí, donde sus derechos son sistemáticamente vulnerados”.
“Con esta medida –concluyen–, el actual Gobierno desvela cuál es realmente su política migratoria”. Algo que ilustran con hechos: “No solo ha mantenido la petición de reenvío a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la Sentencia que consideraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos las devoluciones en caliente, haciendo suyos los argumentos del anterior Gobierno y contradiciendo sus críticas a la figura de los rechazos en frontera. Ahora, buscando una alternativa pretendidamente jurídica a este tipo de actuaciones, intenta implantar una suerte de ‘devoluciones en caliente en diferido’ en que materialmente se mantiene la vulneración de derechos fundamentales que siempre han caracterizado a estas actuaciones”.
Hacia la barbarie
Como lamentan, se ha anclado ya una “política migratoria, en definitiva, que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad y los principios humanistas en que debería asentarse, empujándonos por la pendiente de la barbarie”.
