La llamada pobreza energética afecta en España a un 8-9% de hogares, es decir, a más de 6 millones de personas. Por esta razón, los obispos españoles, advierten en su mensaje con motivo de la celebración, este sábado 1 de septiembre, de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que el acceso al bien de la energía, junto al del agua potable, “constituyen derechos humanos fundamentales y pilares básicos del bien común”.
“En nuestro país –sigue el mensaje firmado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social–, el acceso a la energía es universal. Sin embargo, en los últimos años se ha constatado que un número creciente de hogares corren el riesgo de no poder costear su elevado precio, cayendo e la situación de los que se llama pobreza energética”.
Los obispos recuerdan que aunque en España el acceso al agua potable es también universal, “los problemas en torno a la distribución de un recurso escaso y repartido de forma tan desigual a lo largo del territorio resultan fuente de no pocos conflictos interregionales e ideológicos“, en alusión a las disputas entre autonomías por el trasvase de agua de unas cuencas a otras.
Millones de personas afectadas
“Estos conflictos –recuerdan desde la comisión que preside el obispo Atilano Rodríguez– emergen periódicamente, especialmente durante períodos de sequía prolongada, e invitan a adoptar una visión integral del problema que permita establecer una gestión eficiente y justa que responda al bien común“.
Y recuerdan, apoyados en los estudios científicos más recientes, y en la línea de lo que sostiene el papa Francisco en ‘Laudato si’’, “la posibilidad de sufrir escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia“, pues “los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas”.
Para hacer frente a esta cuestión, el mensaje episcopal hace un llamamiento, primero “a la solidaridad y a la sobriedad”, tanto en el consumo de energía como de agua. Así, siempre siguiendo el magisterio de Francisco, piden a los países desarrollados que limiten “de manera importante el consumo de energía no renovable y que aporten recursos a los países más necesitados para apoyar política y programas de desarrollo sostenible”.
Una mujer acarrea bidones para surtirse de agua potable
Responsabilidad de gobierno y empresas
En cuanto al agua, de la que denuncian que “este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable“, demandan, en la línea papal, “la moderación en su consumo” e invocan “la responsabilidad de los gobiernos, empresas y particulares”.
Pero junto a esta llamada a la solidaridad y la sobriedad, los obispos, apelan también a la necesidad de “la denuncia de la injusticia” como forma de luchar contra estos males, pues “constituye otro de los elementos distintivos de la contribución eclesial al debate contemporáneo sobre la sostenibilidad”.
Finalmente, el mensaje subraya “la importancia de la labor educativa, la transformación cultural y la espiritual” en este reto global de lograr la sostenibilidad en el planeta. “En sentido –dicen los pastores–, las comunidades cristianas, parroquias y comunidades educativas, debemos comprometernos en una mayor vivencia espiritual de la Casa Común”.
Cáritas ofrece líneas de actuación
Y avanzando en ese compromiso, Cáritas, coincidiendo con esta jornada mundial, acaba de difundir un documento –Ampliar la mirada– en el que invita a dar pasos concretos “con creatividad y determinación”. Entre ellos:
1) Promover y animar cambios concretos en el estilo de vida de las personas y las comunidades.
2) Transformar las condiciones con que hacemos uso de bienes y servicios en nuestras sedes, centros y procesos.
3) Apostar por iniciativas de economía social, justa y solidaria, impulsadas por nuestra iniciativa o por la acción de otros.
4) Promover y participar en el tejido comunitario que se va creando en nuestros barrios, pueblos y ciudades en la defensa del espacio público y del bien común.
5) Incidir para que el poder público, desde la esfera local a la internacional, genere las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo y el cuidado de la Casa Común.
