Aunque disminuyen las turbulencias en su interior, en la iglesia católica chilena se mantiene un clima que mezcla perplejidad, rabia, vergüenza, dolor y esperanza. Muchos católicos ya no sólo expresan el descrédito o la desconfianza en sus obispos, sino también rabia, alimentada por las continuas denuncias públicas a sacerdotes y obispos que llegan a la justicia civil. Al mismo tiempo muchos reconocen en esta grave y dolorosa situación un tiempo de purificación y renovación del que la iglesia saldrá renovada.
119 investigaciones vigentes
La pregunta que empieza a reiterarse es respecto al silencio del Papa Francisco después que anunció medidas a corto, mediano y largo plazo que, hace ya más de dos meses, incluyeron el cambio de 5 obispos. Luego no se ha sabido de otras intervenciones. Muchos tienen puesta su esperanza en esas gestiones, ahora interrumpidas, aunque reconocen que los cambios de obispos no son fáciles por la carencia de candidatos idóneos y que los cambios más profundos requieren procesos que pueden durar años.
Las denuncias de abusos favorecen este clima de desconfianza frente a la iglesia. El Ministerio Público informó hace poco que hay 119 investigaciones vigentes que involucran a personas de la iglesia católica. En ellas hay 167 imputados, de los cuales 7 son obispos, 96 sacerdotes, cuatro diáconos, 30 religiosos (no sacerdotes), 10 laicos y 20 sin información. También informó que hasta este momento hay 178 víctimas, de las cuales 79 son menores, 15 adultos y en 84 no hay información para determinar la edad.
El informe del Ministerio Público agrega que “en su gran mayoría los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales. También existen 5 casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”.
Juan Barros imputado
En este contexto reapareció Juan Barros, quien siendo obispo de Osorno fuera cuestionado por gran parte de los fieles de su diócesis provocando una dura controversia que incluyó al Papa Francisco quien, finalmente, aceptó su renuncia el 11 de junio pasado. Citado por la Fiscalía se presentó a declarar en calidad de imputado por eventual encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el excapellán de la Fuerza Aérea, Pedro Quiroz, en tiempos que Barros fue obispo castrense, entre los años 2004 y 2015. A la salida de la Fiscalía el obispo dijo “fui consultado sobre el padre Pedro Quiroz y aporté lo que podía aportar”. Esta es la primera aparición pública de Barros desde su estadía en Roma, citado por el Papa con todos los obispos chilenos en mayo pasado. Ni cuando dejó la diócesis de Osorno se presentó en público.
La denuncia a Pedro Quiroz llegó en julio pasado a la oficina de escuchas confiada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, al Consejo de la Prevención de Abusos del Episcopado y se refiere al eventual abuso a un menor de edad efectuado en 1997. Antecedentes que llegaron a la Fiscalía Sur luego que el Ministerio Público allanara la sede de la Conferencia Episcopal, donde incautaron las denuncias recibidas en la oficina de escuchas.
Por otra parte, el arzobispado de Santiago inició una nueva investigación por dos nuevas denuncias contra el sacerdote Diego Ossa, discípulo de Fernando Karadima y quien lo reemplazó en la parroquia de El Bosque. También se van conociendo declaraciones de obispados y congregaciones religiosas que anuncian el inicio de ‘investigaciones previas’ por nuevas denuncias.
Exhorto al Vaticano
El Arzobispado de Santiago recurrió, además, a la Corte de Apelaciones para que se envíe un exhorto a la Secretaría de Estado del Vaticano solicitando entregue todos los antecedentes en su poder que pudieran tener relación con el posible encubrimiento en el caso Karadima. Esta solicitud se enmarca en la causa civil iniciada por las tres víctimas recibidas por Francisco en El Vaticano en mayo pasado, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, en contra del arzobispado, con una demanda de indemnización. En la declaración que informa de esta gestión, el arzobispado alude a las recientes cartas del Papa a los obispos y “al Pueblo de Dios que peregrina en Chile” que indican la necesidad de transparencia y colaboración con la justicia civil.
“Esta petición busca contar con toda la información que ayude a esclarecer la verdad de los hechos. Hasta el momento, no se cuenta con ningún antecedente de encubrimiento en el proceso judicial, tal como ha sido ratificado por el fallo de primera instancia, y por esa razón es importante conocer cualquier nuevo antecedente sobre esta materia”, explicó el abogado Nicolás Luco, representante del Arzobispado de Santiago en la causa.
