A primera hora de la mañana de hoy, 10 de septiembre, la Cadena Ser desvelaba en exclusiva que el Gobierno reclamará a la Iglesia los bienes inscritos a su nombre. De hecho, sería la Dirección General de Patrimonio la que decidiría sobre qué inmuebles tiene derecho al Estado.
“Es un tema recurrente, que puede mostrar los deseos de una desamortización encubierta. La Iglesia cree en la legalidad vigente y lo que ha hecho ha sido inscribir unos bienes que ya poseía de manera secular. Solo pedimos que se respete lo más básico: el derecho a la propiedad”, explicaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, durante la presentación del Congreso “Iglesia en la sociedad democrática”, que organizará el 3 y 4 de octubre la Fundación Pablo VI en Madrid para celebrar los 40 años de las relaciones Iglesia-Estado.
En este sentido, hizo un llamamiento a la calma y confió en que se trate de un nuevo globo sonda del Gobierno y no de una medida tomada que le lleve a “rectificar” más tarde. “Espero que no se una a una nueva colección de rectificaciones”, comentó.
Los fantasmas del anticlericalismo
“No queremos despertar los viejos fantasmas de un anticlericalismo” que promueva “una desamortización”, apuntó Gil Tamayo, que recordó cómo “la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de propiedad, la propiedad ya se tenía”, en referencia, por ejemplo, al hecho de que el Obispado de Córdoba registrara en 2006 la catedral a su nombre pagando una tasa de 30 euros. Al paso, recordó que “la Iglesia lleva en este país veinte siglos de una manera continuada”.
Desde ahí, el secretario general del Episcopado no descartó la posibilidad de acudir a los tribunales para defender estas propiedades, en tanto que el ordenamiento jurídico “ofrece posibilidades de defensa, dentro de un marco europeo. Defenderemos nuestros derechos”.
Servicio a toda la sociedad
A partir de ahí, Gil Tamayo ofreció una reflexión sobre “la buena administración de los bienes eclesiásticos”. “Los bienes de la Iglesia aportan a la economía más de 22.000 millones al año y un 2% del PIB. No son bienes para uso y disfrute no solo para los católicos sino para el conjunto de los españoles, con un sentido de opción preferencial para los pobres”, explicó. En este sentido, alertó de que “una de las consecuencias de la desamortización sería el detrimento de la acción social de la Iglesia”.
Preguntado también por la exhumación de los restos de Francisco Franco, el secretario general se remitió “a la nota de la última reunión del Comité Ejecutivo en la que los obispos consideran importante reivindicar el papel de la Constitución española desde el consenso, deseamos que el espíritu de concordia no se vea dificultada por algunas iniciativas”. Asimismo, recordó el principio se subsidiariedad en este asunto, que corresponde en su mayor parte al arzobispado de Madrid.
