“Es inaceptable que armas fabricadas por empresas españolas vayan, con autorización del Gobierno, a países enzarzados en terribles conflictos armados o que violan gravemente los derechos humanos, como es el caso de Arabia Saudí, o donde existe el riesgo de que esas armas caigan en manos de grupos terroristas o descontrolados”. Así se expresa Eduard Ibáñez, presidente de la Comisión General Justicia y Paz, a raíz de la venta de 400 bombas de precisión a ese país, paralizadas en primera instancia y finalmente autorizada.
“Hace años que numerosas ONG le veníamos pidiendo al Gobierno que suspendiera estas ventas a Arabia Saudí por su participación en la guerra de Yemen. Hay evidencias de su implicación en múltiples violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional en ese conflicto, afectando gravemente a la población civil. La venta de armas a Arabia Saudí nos hacía hasta cierto punto cómplices de esas violaciones”, señala este laico barcelonés.
Una reconversión que no destruya empleo
Ibáñez ve factible que España, cuya industria armamentística la ha convertido en la séptima nación que más armas ha vendido entre 2012 y 2016, deje de exportar armamento, aunque comprende que es un sector muy importante y en el que hay muchos puestos de trabajo comprometidos.
Por ello, pide, de entrada, que “la industria armamentística debería limitarse a fabricar para las necesidades españolas o estrictamente de defensa conjunta europea, y desde ahí iniciar un proceso de reducción progresiva en vistas a un futuro desarme global”.
