En los últimos meses, una serie de cambios legales en la India están buscando proteger derechos básicos de comunidades hasta ahora vulnerables. La última disposición, aprobada este jueves 27 de septiembre por el Tribunal Supremo al declarar inconstitucional la norma que la sostenía, es la despenalización del adulterio, siempre contemplado para las mujeres (era el hombre el que decidía si denunciaba o no a su mujer) y que llevaba 160 años de vigencia.
A ello se une la despenalización de la homosexualidad, también vigente desde el siglo XIX y abolida el día 7 a través de la declaración de inconstitucionalidad de la ley que la fijaba. Y, mediante el mismo mecanismo, la decisión del Alto Tribunal, en marzo, de dar luz verde a la eutanasia pasiva, quedando en manos de los pacientes el poder dejar escrito un “testamento vital” en el que dejen claro que desean la retirada de apoyo médico si caen en un coma irreversible.
En abril, fue el Ejecutivo el que aprobó una ley que establece la pena capital para los culpables de violar a niños de menos de 12 años. Con ello, el Gobierno quiso dar un paso para cortar de raíz los abusos contra menores y, en general, la muy extendida cultura de la violación en el país. Y es que, con datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de India, los crímenes contra niños se ha duplicado entre 2013 y 2016, pasando de 58.224 a 106.958. Concretamente, de los 38.947 delitos sexuales que hubo en 2016 en la India, 19.765 los padecieron menores…
Algunos de estos cambios no están siendo bien recibidos por la Conferencia de Obispos Católicos de la India, como tampoco por los líderes de las comunidades islámica e hindú. Concretamente, los representantes religiosos se han apuesto a la despenalización de la homosexualidad y a la de la autanasia pasiva. Sobre la primera, Stephen Fernandes, secretario de la Comisión Episcopal de Justicia, Paz y Desarrollo, ha asegurado que, una cosa es que sea “legal” y otra muy distinta que sea “moral”.
En cuanto al suicidio asistido, el obispo Theodore Mascarenhas, secretario general del Episcopado, ha asegurado que “la Iglesia rechaza cualquier propuesta relativa a la eutanasia activa, así como a la eutanasia pasiva”.