El Tribunal de Garantía de Pichilemu decretó el jueves recién pasado el sobreseimiento de tres sacerdotes que solicitaron esta acción y que les fue aceptada porque en seis meses de investigación no hubo antecedentes que constituyeran delitos de carácter penal. Ellos son: Aquiles Correa (párroco de La Compañía), Gino Bonomo (párroco de Pumanque) y Fernando Armijo (párroco de San Vicente de Tagua Tagua).
Ellos integran el grupo de catorce sacerdotes de la diócesis acusados, en mayo pasado, de constituir una organización jerarquizada que coordinaba acciones de protección para sus miembros. La Fiscalía Regional los declaró imputados cuando un programa de televisión denunció la existencia de esa supuesta organización. Apoyó la denuncia entrevistando a uno de estos sacerdotes y exhibiendo fotografías suyas obtenidas de Facebook en evidente actitud inmoral y grosera. Ante estos hechos, el obispo Alejandro Goic abrió investigación previa para todos ellos y les aplicó medidas cautelares restringiendo el ejercicio de su ministerio, sacándolos de sus parroquias. A fines de junio el Papa aceptó la renuncia de Goic por haber pasado el máximo de 75 años y nombró Administrador Apostólico de Rancagua al actual obispo secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Fernando Ramos.
Gestiones pendientes
Ya algunos meses antes de la difusión del programa de televisión que denunció al grupo, la Fiscalía estaba investigando a estos sacerdotes. Habían recibido la misma información con sospechas que la denunciante entregó al obispo Goic. Sin embargo, ahora el jefe de estudios de la Defensoría Regional de O’Higgins, Víctor Providel Labarca, informó que con la resolución del tribunal queda claro que “no existe y jamás ha existido una organización al interior de la Iglesia Católica de Rancagua denominada La Cofradía o La Familia” y agregó que no hay delitos acreditados.
Según Providel, toda la investigación “muestra conversaciones entre los sacerdotes, pero ninguna de ellas involucra a un menor de edad. No se ha logrado acreditar, y eso quedó claro en la audiencia, que haya alguna víctima menor de edad, de lo contrario el Ministerio Público habría pedido alguna audiencia de formalización”, agregó.
Por su parte, el Fiscal Sergio Pérez también precisó que luego de la investigación y de las diversas diligencias realizadas se acreditó que “no existía una estructura jerarquizada donde hay alguien que ocupaba un puesto de liderazgo y que de alguna manera coordinaba las actuaciones”.
La Fiscalía, informó el Fiscal, continuará las indagatorias con respecto a los otros sacerdotes investigados ya que quedan gestiones pendientes. Ahora estos sacerdotes están a la espera del pronunciamiento de las investigaciones previas canónicas.
No nos han creído
Consultado por Vida Nueva Digital, el párroco de La Compañía, Aquiles Correa confesó su gran dolor por “haber vivido estos cuatro meses alejado de mi misión de pastor, alejado de la comunidad a la que me asignó el obispo. Dolor, también, por las mentiras que se han dicho de nosotros, tanto en el juicio civil, como en el eclesiástico. Tenemos la impresión que en la iglesia diocesana no nos han creído. Esto ha sido más fuerte al vernos aislados, sin recibir apoyo o alguna expresión de fraternidad o de preocupación de parte de nuestros hermanos sacerdotes o de nuestros pastores. Sólo hemos contado con el apoyo de nuestra familia y algunos buenos amigos”.
Respecto a su futuro inmediato, Correa señaló que “se me pidió esperar la resolución de la investigación canónica, lo que debería ocurrir próximamente. Sin embargo, todo esto ha sido muy frío y distante”.
Se abre así una incógnita: ¿cuál será el criterio para reinsertar a estos sacerdotes a su función pastoral?.
