Pese a que el Gobierno ha destinado una partida de 40 millones de euros a las comunidades autónomas para que mejoren su acción en este ámbito, el drama de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que muchas veces deambulan solos por las calles de nuestro país, tras salir sin control de comisarías y cetros de protección en los que permanecen hacinados, está en auge. Según datos de la Administración estatal, en lo que va de año ya son más de 7.000 los niños en esta situación. Un ascenso alarmante, puesto que en 2016 no llegaban a los 4.000.
En conversación con a Vida Nueva, Rufino García Antón, delegado de Migraciones de la Archidiócesis de Madrid, sale al paso de realidades como las del madrileño centro de menores migrantes de Hortaleza (con capacidad para 32 chicos y en el que viven más de 120) o Barcelona, donde los niños duermen muchas veces en comisarías al no haber espacios para ellos en los centros.
“Frente a esta realidad –advierte–, resuenan las palabras de Jesús en una doble dirección: la de la acogida (‘el que acoge a un niño como a este en mi nombre, me acoge a mí y al que me ha enviado’) y la de la denuncia (‘al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar)”. “El mensaje –cierra– está muy claro. El reto que la realidad nos plantea a la sociedad y a la Iglesia en sus personas e instituciones es pasar de las palabras a los hechos”.
En manos de la trata
Marta Sánchez, abogada de Pueblos Unidos, entidad jesuita que ofrece un apoyo integral a miles de migrantes en toda España, siendo su labor especialmente significativa en los CIE, lamenta la imagen habitual de “tantos y tantos chicos que se fugan de los centros de menores y acaban en la calle, a la intemperie y expuestos a todo tipo de amenazas, como la de caer en manos de redes de trata”.
Lo peor, insiste, es que “no se cumplen las leyes relativas a su protección. Así, nos encontramos con que muchos llegan a los 18 años e, inmediatamente, se les saca afuera. En muchos casos, sin que se les haya tramitado un permiso de residencia o la mínima documentación exigida, pues todo menor tiene derecho a que esta se le proporcione al llevar al menos nueve meses en nuestro país”.
Internados en los CIE
Otra de las normas incumplidas por la Administración, estatal y autonómica, es la relativa a los CIE, donde por ley está prohibido que haya menores recluidos. “En este mes de agosto –abunda Sánchez–, en Pueblos Unidos nos hemos encontrado varios chicos que manifestaban ser menores de edad, por lo que pusimos quejas ante el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Menores y el Juzgado encargado de decretar el internamiento de aquellos que nos facilitaron documentación de su país de origen que acreditaba su minoría de edad. Se pusieron quejas relacionadas con seis menores, de los cuales cuatro han sido puestos en libertad (y, según nos han comunicado otros internos, han sido puesto a disposición de protección de menores) y otros dos han sido expulsados a Argelia”.
Si algo comparten los CIE y los centros de protección de menores es que “los internos no quieren estar en ellos, y por eso escapan en cuanto pueden. Algo especialmente grave en el caso de los centros, pues en ellos se debería garantizar una acogida real para estos menores. En cambio, si huyen es porque se encuentran con un panorama desesperanzador: muchas veces están hacinados en espacios cuya capacidad está desbordada y no les ofrecen formación académica ni asesoría jurídica sobre su situación concreta. Con ello se saltan todas las disposiciones legales establecidas para su protección, pero la realidad es que, además de las instalaciones, falta personal cualificado que les ofrezca una atención adecuad”.
Cuestión de respeto y cariño
Más allá de su actual labor en Pueblos Unidos, la abogada conoce de cerca la realidad de los MENA por su labor como voluntaria en distintas ONG en su Cádiz natal, en Tánger o por experiencias en Ceuta y Melilla. De ahí que reivindique reivindica que estos menores “necesitan algo fundamental: cariño. Por mi experiencia, sé que sus oportunidades de salir adelante crecen mucho cuando se sienten escuchados y respetados. Yo lo he visto claramente cuando he visto a chiquillos de seis años tirarse al mar para agarrarse a un ferry o cuando me he ofrecido a acompañarles a Marruecos para conocer a sus familias. Estando en su mundo, en su realidad, entiendes qué les mueve a querer venir hasta aquí. Hay que empezar por la persona antes de idear ninguna respuesta”.
No debería quebrar el sistema
Cristina Manzanedo, responsable de Migraciones de Entreculturas, observa que “el aumento de llegadas de MENA hay que contemplarlo en el contexto del incremento de llegadas de personas extranjeras a nuestro país por mar y por tierra en 2018. Las cifras crecen, pero siguen siendo manejables para un país de 46 millones de habitantes”. Por tanto, “es incomprensible el colapso al que hemos llegado”.
Manzanedo lamenta que “se prime la edad frente a la situación de desamparo en la que se encuentran. Es muy difícil sobrevivir y algunos acaban metiéndose en líos. ¿Fracasan ellos o quien fracasa es la sociedad? El sistema de MENA podría y debería ser diferente. Necesitamos un modelo que invierta en su educación y formación. Educar, formar e integrar es una inversión de futuro, para ellos y para la sociedad”.
El drama de Ylias y Yousef
Dos jóvenes marroquíes, que llegaron respectivamente hace un año en patera siendo menores a España, relatan a Vida Nueva cómo la ausencia de respuestas por parte de la Administración les ha puesto en grave riesgo. Ylias, que ha pasado estos 12 meses en un centro en Arcos de la Frontera (Cádiz), ha salido a la calle “sin absolutamente nada… No me han ofrecido ningún tipo de formación ni asesoría psicológica o jurídica, así como tampoco me han tramitado ninguna documentación. De hecho, carezco hasta del DNI marroquí. Estábamos en un chalet a las afueras del pueblo. Éramos 64, cuando en teoría el centro era de 25 plazas”.
Si cabe, Yousef lo ha tenido aún peor. Tras permanecer otro año en un centro de Marchena (Sevilla) gestionado por la Junta de Andalucía, “salí hace tres semanas y me encontré con que no tenía dónde ir. He pasado todos estos días en un parking”. Tras ser ayudado por feligreses de una parroquia local, el joven (junto con Ylias) es hoy atendido por la ONG de Jerez de la Frontera Voluntarios Por Otro Mundo. De hecho, cuando hablamos con ambos telefónicamente, los dos acababan (al fin) de gestionar su empadronamiento gracias al acompañamiento de su responsable, Míchel Bustillo.
