La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha puesto en marcha una comisión sobre abusos. Tras la llamada del papa Francisco, el pasado 12 de septiembre, a los presidentes de los episcopados del mundo para debatir sobre la pederastia en la Iglesia del próximo 21 al 24 de febrero en Roma, el Comité Ejecutivo, en su reunión de final de septiembre, aprobó la creación de la comisión para preparar los materiales de trabajo que llevará al encuentro el presidente de los obispos, el cardenal Ricardo Blázquez.
Los obispos ponen al frente al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, y comenzarán a trabajar esta misma semana, según han explicado en una nota de prensa hecha pública hoy, 16 de octubre. “La Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico”, explican. Y estará compuesta por juristas canónicos, civiles, miembros del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de CONFER y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales de la CEE.
Compromiso con las víctimas
Además de la reunión de febrero, esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española, que están sirviendo hasta ahora, para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico, que datan de 2010. Posteriormente, “y ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la CEE para la prevención y protección de abusos sexuales a menores”, indica la nota. Además, esta nueva normativa, “que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará de manera más perfecta al ‘Modelo de Directivas’ redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores”.
Asimismo, “la Iglesia asume el compromiso de cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso”. “Y lo hará –dicen–, seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia; procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable”.
