El Estado colombiano decreta una encubierta caza a los líderes sociales

Este 16 de octubre se presentó en el Ayuntamiento de Madrid el Programa de Acogida a Personas Defensoras de Derechos Humanos. Impulsado por el Ejecutivo de Manuela Carmena, ofrecerá un tiempo de acogida en la capital a líderes sociales de otros países que ven comprometida su vida por su acción de defensa de las comunidades más desfavorecidas. Los seleccionados recibirán una acogida integral que, de regreso en sus países, será igualmente tutelada por un comité de defensa coordinado por significativas entidades.

En una primera fase, la iniciativa estará protagonizada en buena parte por líderes sociales de Colombia, donde, desde noviembre de 2016 (cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC), hasta 343 activistas han sido asesinados. Aprovechando su presencia en el acto de Madrid, ‘Vida Nueva’ pudo charlar con Carlos Fernández, miembro de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, una de las entidades más implicadas en la defensa de los campesinos e indígenas. “El momento es crítico –denunció–. Cada 11 horas, un defensor de los derechos humanos en mi país es agredido”.

Latifundios y clanes de poder

Y todo ante la inacción gubernamental, lo que, desgraciadamente, esconde un problema de mayor calado, pues hay “una falta de voluntad política por implementar los principios del acuerdo de paz con las FARC relativos a los cambios estructurales” que, en el fondo, son los que generan las violaciones de derechos humanos, siendo el fenómeno más acuciante, desde hace al menos ocho décadas, “el injusto reparto de la tierra”, proliferando los latifundios que poseen, en muchos casos, los líderes políticos más destacados, a modo de clanes de poder familiares.

Precisamente, por transmitir esto a la opinión pública, nacional e internacional, además de las “amenazas” que les llegan constantemente, “está surgiendo una judicialización en nuestra contra” que ya se dio con el presidente Juan Manuel Santos y que, si cabe, se ha recrudecido con su sucesor hace escasos meses, Iván Duque. El hostigamiento es tal que, lamentó, “ya hasta nos acusan de estar financiados por el narcotráfico, lo que daña muchísimo al movimiento social”.

Duque no quiere un acuerdo con el ELN

A juicio de Fernández, “Duque quiere reformar el acuerdo con las FARC en lo referente al impulso del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, que, entre otras cosas, compromete al Estado a promover un reparto más equitativo de la tierra y a investigar los casos de violencia y desaparición de los líderes campesinos e indígenas. En cuanto al actual diálogo con el ELN, es también pesimista: “El presidente no tiene una voluntad real de llegar a un acuerdo de paz completo, sino que se mueve por el unilateralismo. Solo mantiene un diálogo que es de apariencias de cara a la comunidad internacional, pero no es real”.

En el fondo, clamó el miembro de Justicia y Paz, “Santos y Duque defienden la paz solo desde la perspectiva de un modelo económico de corte capitalista que permita al Estado llegar a territorios donde antes no estaba presente”. Es decir, “utilizan la excusa de la paz” para promover una “mayor concentración de la tierra”.

La Iglesia, dividida

En cuanto a la implicación de la Iglesia, Fernández reconoció que hay dos posturas diferenciadas: “Hay un sector muy implicado que ha sido clave en la negociación con las FARC y el ELN y, en general, muy cercano al movimiento social”, aún a costa de ser también amenazados y perseguidos. En cambio, “hay otro grupo interno, de corte conservador, que no ve esto con buenos ojos, no entendiendo que esta es una misión que nace del amor”.

Junto al representante de Justicia y Paz, también ofreció su testimonio en Madrid la líder indígena y campesina colombiana Rudy Estela Posada. Muy implicada en la lucha contra megaproyectos como el que buscar devastar el Río Biobío, ella y los suyos están sufriendo todo tipo de amenazas. Y muchas de ellas se concretan: “Este año han sido asesinados cuatro compañeros. El último era padre de 12 hijos… Somos hostigados por el Gobierno central y el regional”.

Ella misma contó que su padre y dos hermanos fueron asesinados en su día, siendo además la familia expulsada de su hogar y de su tierra. “Solo quiero conocer la verdad”, dijo emocionada, concluyendo con un mensaje vibrante: “Gracias a Madrid por su acogida. Es la primera vez que salgo de mi país. Solo soy una mujer campesina e indígena. Solo soy una tejedora de sueños”. Aunque estos, desgraciadamente, muchas veces se conviertan en pesadillas.