La polémica de las inmatriculaciones también ha llegado a Cataluña. Unió de Pagesos, el principal sindicato agrario catalán, presentó en septiembre un informe denunciando más de 400 supuestas inmatriculaciones indebidas, principalmente en las zonas rurales del Obispado de Vic. La televisión pública catalana emitirá próximamente un reportaje en horario de máxima audiencia cuestionando la actuación de la Iglesia. Se suma a la promesa del Gobierno central de revisar todos los registros de propiedades eclesiales realizadas entre 1998 y 2015, y al circo mediático y político que acompaña este tema.
En este contexto, el Arzobispado de Barcelona ha convocado hoy, 24 de octubre, a la prensa para explicar con qué criterios ha ejecutado este proceso. El que fuera delegado de Economía durante los últimos años, Antoni Matabosch, ofreció todos los detalles. Así, el Arzobispado ha realizado en los últimos años 51 inmatriculaciones, la última en 2004. Es decir, ha inscrito en el registro 51 propiedades de las que ya disfrutaba “clara y públicamente”. La mayoría son templos históricos que, hasta el cambio en la normativa del registro de 1998, no podían inscribirse. Incluye templos emblemáticos como la catedral, Santa María del Mar, la Basílica del Pi, el antiguo monasterio de Sant Pere de les Puel·les, o la misma sede del Arzobispado. También incluye las parroquias históricas de algunos barrios de la ciudad o de poblaciones como L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Badalona o Cornellà.
10 casos del ámbito rural
Solo diez casos afectan al ámbito rural en la comarca del Maresme, en los que se han inmatriculado ermitas que no tenían propietario. En este terreno ha habido otros 15 casos dudosos, en los que el Arzobispado decidió no acceder al registro o ha preferido pactar el derecho a uso y de paso a la ermita con los propietarios del terreno. En estos casos, “nos preocupa más el uso que la propiedad”, afirmó Matabosch.
El Arzobispado defiende que no ha cometido ninguna ilegalidad ni apropiación indebida. Los bienes afectados nunca han sido propiedades de dominio público, “como si fueran un río o una playa”, ni constaban inscritos a nombre de otro propietario. En todos los casos aseguran que han presentado toda la documentación para demostrar la propiedad que ya se tenía. Por ejemplo, en el caso del Palacio Episcopal, un contrato de compra del terreno del año 1078. La inmatriculación, recuerdan, no genera un derecho de propiedad, solo la registra y los hace públicos por primera vez. Y si otro propietario cree que tiene derechos, los puede reclamar.
Desde Barcelona creen que el resto de diócesis habrá seguido los mismos pasos. El Obispado de Vic aseguró en un comunicado que solo “había registrado lo que documentalmente constaba como propio”. Y que, en caso de error, estaba abierto a reclamaciones. Por otra parte, Matabosch recuerda que “los bienes de la Iglesia son de dominio privado al servicio de todos, al contrario que otros de titularidad privada”.
