El jueves 13 de septiembre la Fiscalía Regional de Rancagua, que lleva todos los procesos por abusos de personal de la Iglesia, allanó simultáneamente los obispados de Concepción, Valparaíso, Chillán y Osorno. Antes ya había hecho la misma intervención en los obispados de Rancagua, Castrense, Temuco, Villarrica, el Tribunal Eclesiástico de Santiago y la Conferencia Episcopal. Los fiscales explicaron en esa ocasión que el objetivo de estas diligencias era complementar los antecedentes que ya disponían respecto a hechos que pueden ser constitutivos de delitos. En todos los casos incautaron documentación escrita y digital, retirando carpetas, computadores y archivos digitales.
A mediados de septiembre el Obispado de Valparaíso presentó un recurso de protección argumentando que el allanamiento, autorizado por el juez, no cumplía con las normas de sigilo ni con los plazos previos de aviso que determina la ley.
Con este recurso la Corte de Apelaciones de Rancagua limitó a la Fiscalía el uso del material incautado, la realización de nuevos allanamientos y otras acciones de intromisión, hasta que el caso fuera visto por los jueces.
Rechazan el recurso
El día de hoy esa Corte decidió rechazar el recurso de protección y dejó sin efecto la orden de no innovar permitiendo a la Fiscalía utilizar lo incautado y continuar con las investigaciones como las venía haciendo.
En su resolución, los jueces indican que el registro de dependencia de la Iglesia se realizó con autorización del juez pertinente y con fundamento suficiente “cumpliendo de esta manera los requisitos legales que resultan necesarios para acceder a esta clase de diligencias intrusivas”.
Sorprendió que no estuvieran presentes en los alegatos representantes del Obispado de Valparaíso, que había presentado el recurso. El Fiscal Sergio Moya expresó que “estamos en condiciones de afirmar que el recurso de protección interpuesto por personas vinculadas al obispado de Valparaíso, no fue más que una medida obstruccionista con el fin de estorbar”. Agregó que “ellos han estado permanentemente informados del curso de este recurso de protección y al no comparecer el día de hoy, ni siquiera como público, nos da la razón en el sentido de que su medida solamente tenía como objeto alterar el normal curso de la investigación”, concluyó.
Resguardar principios
Con esta resolución la Fiscalía Regional de O’Higgins podrá reactivar la investigación que se encontraba parcialmente paralizada debido a la orden de no innovar, por lo que podrán retomarse las audiencias y solicitarse nuevas diligencias.
El Obispado de Valparaíso emitió una declaración en la que reitera su disposición a colaborar con la justicia, como lo hizo con ocasión del allanamiento, afirma. “Como se indicó en la declaración del 5 de octubre, al presentar el recurso de protección sólo buscábamos resguardar principios fundamentales de nuestra legislación en Chile, como son cuidar y proteger la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos, y colaborar con la mayor eficacia con la justicia. En esa misma declaración afirmábamos que nuestra intención nunca ha sido “obstaculizar ni menos impedir la acción de la justicia”, expresa la declaración.
