La Justicia salvadoreña ha reabierto la investigación por el homicidio del arzobispo mártir de San Salvador, Óscar Romero, cuando apenas ha pasado una semana de su canonización. Es más, el titular del Juzgado Cuarto de Instrucción de la capital, Rigoberto Chicas, ha emitido una orden de detención contra el único acusado del asesinato, que tuvo lugar el 23 de marzo de 1980 cuando el prelado recibió un impacto de bala en el corazón mientras celebraba la eucaristía en la capilla del hospital Divina Providencia.
Con esta decisión, el juez solicitará a la Policía salvadoreña y a Interpol que proceda a la “búsqueda, ubicación y captura” del capitán Álvaro Rafael Saravia, de 78 años, único imputado en el proceso y actualmente en paradero desconocido. Ya en mayo de 2017, Chicas reabrió el proceso penal después de que el Supremo salvadoreño anulara la ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Un testimonio como punto de partida
Ha sido la declaración de un testigo que señaló la implicación de Saravia, que ha asegurado ante el juez que el capitán participó en el plan para acabar con la vida de Romero, cumpliendo y dando órdenes concretas para ejecutarle, Según recoge La Prensa Gráfica, fue este testimonio el que llevó al juez y otros fiscales ha abordar de nuevo el caso visitando los lugares citados por esta persona para corroborar “la robustez probatoria de la declaración”.
“Para poder llegar a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de homicidio agravado en perjuicio de la vida de monseñor Romero, debe ser el ente fiscal el que dé inicio a una investigación seria”, defiende el magistrado que se muestra convencido de que esta nueva decisión facilitará “el ejercicio de la defensa de las personas que puedan salir vinculadas en los hechos”.
En manos de la Fiscalía
De la misma manera, Chicas enviará a la Fiscalía el caso para que se puedan “deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores”. En este sentido, el magistrado se ha mantenido al margen de la petición de la acusación particular – la organización María Julia Hernández- de incluir en la causa en este momento a otros autores intelectuales, dejando este criterio en manos de la fiscalía.
Para Chicas, Saravia hoy por hoy “es el único que tiene calidad de imputado, no así las demás personas que mencionan los querellantes particulares, pues en el proceso no existe resolución en que se les haya dado tan calidad”. Y eso, a pesar de que la Comisión de la Verdad de la ONU ya apuntó como responsable de ordenar el asesinato de Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista.
