Cáritas lo venía sospechando desde hace tiempo, y ahora el estudio Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos de hogar, basado en 917 entrevistas a personas acompañadas por esta institución en 30 diócesis españolas, le ha dado la razón: muchos de los temporeros, de las empleadas de hogar y de los trabajadores de la hostelería “se encuentran desprotegidos y no se sienten ‘legitimados’ para acceder a Estado de derecho”.
Así lo constata el informe, presentado en Madrid en la mañana de este jueves 25 de octubre, y en donde se ponen de manifiesto que, a pesar de que existe una legislación nacional e internacional que debiera proteger a estas personas, “o bien no se cumple adecuadamente la normativa vigente, o bien existen déficits legislativos que provocan situaciones de vulnerabilidad”.
Aunque los tres sectores cuentan con “un amparo legal mínimo de protección de los derechos laborales” y en los tres “se producen vulneraciones de sus derechos”, el estudio pone de manifiesto que la situación que vive el sector de la agricultura es “especialmente preocupante”. “Entre las vulneraciones que se producen en este sector se observan indicios de trata con fines de explotación laboral. Y además, el indicador de vulneración de derechos humanos muestra situaciones (retención de documentación, amenazas o incluso violencia física) que son constitutivas de delito penal”, señaló Hilde Daems, experta del equipo de inclusión de Cáritas, que presentó el informe.
Miedo a denunciar
“Parece que la norma es no cumplir la norma, pues se han normalizado las vulneraciones laborales en estos tres sectores”, continuó. Ente las vulneraciones penales constatadas están que una de cada 20 personas ha recibido amenazas, y en cuanto a las vulneraciones económicas, el 30% cobra menos salario del que le correspondía legalmente, el 25% realiza horas extras sin remuneración y el 50% de los temporeros cobran todo o parte del salario en negro. “El 70% no denunció porque tenía miedo a perder el trabajo”, señaló Daems.
“Sospechamos que hay casos de trata con fines de explotación laboral detrás”, por lo que, entre las propuestas para erradicar esta situación, la experta invitó, en nombre de Cáritas, “a modificar el Código Penal para incluir el delito de trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándola de la explotación laboral, y también a replantearse el papel de las inspecciones de trabajo”.
La joven marroquí Samira El Allali, empleada en el sector de la hostelería, y voluntaria en Cáritas Vic, presentó un emocionante testimonio que la llevó a asegurar que “el trabajo en el hogar está muy abandonado, no está valorado y se realiza un sueldo mínimo, en donde he tenido que trabajar más de lo que ponía mi contrato y por menos dinero, en lo que era un abuso por ser una persona extranjera, lo que he tenido que vivir en varias ocasiones, porque no se valora a la personas, aunque me he encontrado también con familias en donde no sucedía esto”.
Samira, en el centro, durante la presentación del informe
Visibilizar lo invisible
Por ello, Samira, que se ha convertido en una activista por derechos de las personas que trabajan en este sector, pidió “valorar este trabajo para mejorar los derechos laborales, pero también porque en muchas ocasiones, la empleada de hogar, que tiene que cuidar de personas mayores, se convierte en la cuidadora de esa familia”.
Paco Cristóbal, director Área Comunicación Cáritas, justificó la elaboración del informe en que “se hace necesario visibilizar lo invisible y dar luz a la situación de las personas a las que acompañamos en su proceso de recuperación personal”. “La vulneración de derechos de las personas más vulnerables es un escándalo con el que tal vez estemos dispuestos a acostumbrarnos a convivir”, denunció, para añadir que “las ofertas laborales que nos llegan a nuestros programas de empleo a veces ni siquiera cumplen con lo mínimo establecido legalmente”.
Esta situación, que según el informe demuestra “el fracaso del Estado para asegurar la protección de las personas trabajadoras y la garantía de sus derechos”, exige, como parte de la campaña ‘Iglesia por el Trabajo Decente’, “poner en primera línea de las agendas de nuestras organizaciones la necesidad de un trabajo decente para todas las personas. Debe estar en la agenda política, en la agenda de las entidades sociales y empresariales, en nuestra agendas personales y también en las propuesta de nuestra Iglesia”.
