Los obispos católicos de Tierra Santa han solicitado de forma unánime la derogación de la ley que define a Israel como Estado-nación del pueblo judío, según informa la Agencia Fides. La ley, aprobada el pasado 19 de julio por el Parlamento israelí, “contradice los cánones humanistas y democráticos de la propia legislación de israelí, así como convenciones internacionales de las que Israel es signatario”.
La petición se ha hecho por una declaración firmada, entre otros, por el arzobispo Pierbattista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado latino de Jerusalén, y por Francesco Patton, custodio de Tierra Santa.
La nueva ley debe tener en cuenta”, señalan los representantes de las comunidades católicas presentes en Tierra Santa, “introduce elementos de discriminación entre los compatriotas israelíes, ya que se reserva una preocupación particular para garantizar el ‘bienestar y seguridad’ de los ciudadanos judíos del Estado de Israel”. “Nuestros fieles, los cristianos, así como los musulmanes, drusos, y bahá’is”, apuntan en la declaración, “no son menos ciudadanos de este país que nuestros hermanos y hermanas judíos”.
Según una declaración de la Secretaría Católica de Etiopía (ECS), es una bendición ver que los etíopes están reconociendo el invaluable talento que las mujeres tienen para ofrecer al desarrollo integral de la nación, y se complace de que obtengan el lugar que les corresponde.
Estas declaraciones se llevaron a cabo a la luz de la elección de la primera presidenta de la República Democrática de Etiopía, Sahle-Work Zewde. A su vez, se señaló que “la Iglesia católica etíope cree que la nueva presidenta Sahle-Work, que tiene años de impresionante experiencia diplomática, fortalecerá aún más el papel principal que desempeña Etiopía en la región y mejorará el poder del país a nivel internacional”.
También se aprovechó la oportunidad para recordar la labor de la Iglesia en la región y “el trabajo que ha desempeñado durante años en el empoderamiento de las mujeres, proporcionar a las jóvenes educación y otras oportunidades para que puedan explorar su potencial”.
Antonio Ramos Lominchar, exprofesor y religioso del colegio La Salle Maravillas de Madrid, ha reconocido que abusó de menores, y ha aceptado por ello una condena de 130 años de cárcel. Según informa Europa Press, que la condena se ha rebajado de 155 años a 130 por varios atenuantes, como el pago de la indemnización, y a que dos perjudicados mayores de edad han retirado la acusación. De la sentencia se harán efectivos 17 años de prisión.
En la sala del juicio el acusado ha pedido perdón a las familias y ha reconocido los hechos. Los hechos de los que se acusa a Ramos, conocido como ‘Hermano Pedro’, sucedieron entre 2013 y 2016, años en los que era coordinador de Educación Infantil y Primaria en el centro.