Moncloa cambia su discurso y elude toda referencia a las responsabilidades de la Iglesia tanto sobre la exhumación como inhumación de Franco. Y es que el Ejecutivo ha acordado hoy en el Consejo de Ministros continuar con el procedimiento de exhumación del dictador con el envío de un proyecto de Patrimonio Nacional al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y el encargo de un informe a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que, con respecto al deseo de la familia de Franco de enterrar al dictador en la Catedral de la Almudena, “harán lo posible” para que los procedimientos de exhumación e inhumación “sean coherentes”, para lo cual tienen abierta “la fase de enmiendas a la modificación de la Ley de Memoria Histórica”. “El Gobierno no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste a enaltecimiento”, ha apostillado.
“La situación de conflictividad generada por los casos de abusos es mayor que en otras épocas, y ante estos hechos la Iglesia está respondiendo con coherencia a la verdad y cada vez con mayor energía“, afirmó Juan Ignacio Arrieta, secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos durante el XIII Simposio Internacional Martín de Azpilcueta de la Universidad de Navarra.
Arrieta subrayó, además, que los abusos son “por desgracia, una problemática que se da en muchos contextos sociales y en todo tipo de instituciones y confesiones religiosas que se relacionan con jóvenes”. Sin embargo, enfatizó que “en la Iglesia son particularmente intolerables e inadmisibles, aunque se hubiera dado el caso de una única persona”.
Por este motivo el obispo recordó que, en 1984, el entonces cardenal Ratzinger puso de relieve que “ante este tipo de hechos inadmisibles realizados por clérigos no basta con hacerles abandonar el ministerio mediante una dispensa, como se hacía anteriormente, sino que debían ser juzgados y expulsados del ministerio de forma penal”.
Cáritas Venezuela ha publicado un informe acerca de las acciones humanitarias desarrolladas en los últimos 18 meses en 16 diócesis del país con el objetivo de prestar ayuda de primera necesidad a “familias en situación precaria a consecuencia de la actual crisis de acceso a la alimentación y la salud” que atraviesa el país.
Para paliar esta situación, la entidad ha desarrollado un Programa de Emergencias “con el que ha conseguido mejorar” el acceso a medicamentos, suplementos nutricionales y alimentación complementaria “de 131.901 personas de manera directa”.
Y es que, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, en febrero de 2018 los venezolanos habían perdido 11 kg de peso de media con respecto al año anterior. Además, el último informe de Cáritas Venezuela señala que el 65% de los niños presentaban desnutrición aguda.