El Gobierno de Sánchez se olvida de Religión y suspende el criterio de demanda social para elegir centro en su anteproyecto de ley

El Gobierno de Pedro Sánchez, en aras de alcanzar una ley educativa desde el consenso, abrió un periodo de consulta pública del pasado 2 al 10 de noviembre. No obstante, un día antes de agotar el plazo, hizo públicas sus propuestas de modificación de la legislación actual. Solo 10 días después, el Ejecutivo ya tiene listo su Anteproyecto de Ley.

La publicación del texto, que tiene 69 páginas y está fechado ayer, 19 de noviembre, no ha contado con el tan esperado consenso. Y es que no se ha otorgado a la comunidad educativa “la más mínima posibilidad de hacer propuestas alegando una urgencia que lejos de ser educativa responde únicamente a intereses políticos”, como denuncia Escuelas Católicas.

La principal preocupación de Escuelas Católicas es la supresión del término de demanda social para la elección de los centros por parte de los padres, sustituyéndose por “una redacción confusa”. “La eliminación de la demanda social supone omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza, algo extremadamente preocupante”, mantienen.

Sin referencia a Religión

Por otro lado, respecto a la asignatura de Religión no hay referencia explícita. “Nos preocupa que en una posterior regulación, el Ministerio se apoye en sus propuestas iniciales, donde había una contradicción entre la intención de reducir su valor académico y el proclamado respeto a los acuerdos Iglesia-Estado”, reconoce Escuelas Católicas.

La realidad es que en las 69 páginas no se especifica que la materia deje de contar para la nota media, como han declarado en varias ocasiones miembros del Ejecutivo. Pero ese articulado ha desaparecido. Tampoco se especifica si seguirá siendo una materia específica en los dos cursos de Bachillerato, como reconocía de forma expresa la LOMCE.

Escuelas Católicas también muestra su disconformidad con la autonomía pedagógica y organizativa. “Aunque en la exposición de motivos se proclama la autonomía de los centros, no queda suficientemente garantizada en la práctica. De hecho, el principio de autonomía pedagógica y organizativa queda limitado por someter a los centros a un mayor control de la administración y del consejo escolar”, explican.

Se recupera el comisario político

Así, el Consejo Escolar “pasa de ser un órgano de participación y control a ser un órgano de gobierno y control, y se vuelve a introducir la figura del ‘comisario político’, un representante municipal cuya presencia no tiene razón de ser en los centros concertados, puesto que son de titularidad privada y los ayuntamientos no hacen ninguna aportación de fondos, a diferencia de lo que ocurre en los centros públicos”.

Se trata de un anteproyecto sorpresa que ha dejado en fuera de juego a todos los actores educativos. Escuelas Católicas, que aglutina a más de 2.000 centros españoles -el 15% del sistema educativo-, señala que este anteproyecto supone “cambios en la ordenación del sistema educativo y contiene disposiciones que afectan al ejercicio de la libertad de enseñanza y, en concreto, al régimen de conciertos y al funcionamiento de los centros”.

El texto confirma los “temores” de la organización y demuestran que el compromiso de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, de llegar a una ley de consenso se ha esfumado. “Hasta ahora se ha criticado a la LOMCE por la falta de acuerdo con la comunidad educativa. Sin embargo, están repitiendo lo mismo que han criticado”, indican.

Esperanza de “reconducir” la situación

Para Escuelas Católicas, “lo último que necesita nuestro sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso que siga sometiéndolo a continuos vaivenes”. “La actuación del Gobierno en este terreno necesita de una mínima dosis de coherencia entre el acuerdo que proclama buscar con la comunidad educativa y el menosprecio con el que está tratando a una parte de la misma”, añade.

No obstante, muestran su esperanza de que “lleguemos a tiempo de reconducir esta situación, de que la voluntad de acuerdo se haga una realidad y de que se nos permita trabajar conjuntamente por la mejora del sistema educativo español, sin que haga falta llegar a otras medidas”.