“En los terrenos del fundamentalismo y del laicismo no puede crecer nada bueno para la convivencia en libertad, el pluralismo y la democracia”. Con esta contundencia el rector de la Universidad Pontifica de Comillas, Julio Martínez, abrió la Jornada ‘Libertad Religiosa y Educación’, organizadas por la Fundación SM y el centro educativo de los jesuitas. El evento, que será clausurado esta tarde por el secretario de la Congregación para la Educación Católica, Angelo Vincenzo Zani, busca conmemorar el 40º aniversario de los acuerdos Iglesia-Estado.
Durante la conferencia inaugural, el religioso jesuita subrayó que “Europa necesita hoy un suplemento del alma”, o lo que es lo mismo, la presencia del hecho religioso en la vida pública para promover un ejercicio democrático con todas garantías. Para ello, reivindicó la cultura del encuentro promovida por el Papa Francisco, que se traduce en “construir puentes y no muros, integrar, discernir y combatir el odio que crece junto al miedo y el vacío”.
Martínez hizo un repaso histórico que le llevó a calificar la libertad religiosa como “un importante fruto del Concilio, largamente trabajado y muy difícil de gestar”. Así, el jesuita subrayó cómo en la asamblea vaticana se hicieron presente dos posturas “contrapuestas”: aquella que no admitía cambio doctrinal alguno liderada por el cardenal Ottaviani y otra segunda que buscaba “encontrar la respuesta del Espíritu a los nuevos signos de los tiempos”, abanderada por el cardenal Bea. Finalmente, los padres conciliares se decantaron por una segunda mirada.
En este eje cronológico eclesial, el rector de Comillas también se detuvo en los cambios que provocó en España y que se tradujeron, en primer lugar, en la Ley de Libertad Religiosa de 1967 y, posteriormente, en los acuerdos Iglesia-Estado amparados por la Constitución, que presentó cómo un “buen terreno para la laicidad positiva”.
A partir de ahí, Martínez hizo un llamamiento a los asistentes a las jornadas a “refrescar la memoria en la difícil coyuntura política actual”. Desde ahí, consideró necesario promover “el sentido práctico” para distinguir “sociedad y Estado”, así como “bien común y orden público”.
Parafraseando al Papa Francisco, defendió la contribución del hecho religioso a la democracia para evitar que se quede atrapada “en la pura lógica de la representación de los intereses constituidos”. Para ello, echó mano de Dignitatis Humanae, la declaración del Vaticano II sobre libertad religiosa, para apostar por el papel de la religión en el espacio público, a la vez que condenó lo que denominó “identidades asesinas”.