Para nadie es un secreto que San Andrés de Tumaco, ‘la Perla del Pacífico de Colombia’, en el departamento de Nariño, desde hace tiempo viene siendo azotada por una ola de violencia que, pese a los tiempos de construcción de paz, paradójicamente recrudece. Por ello la Iglesia cuenta con el Grupo de Trabajo por Colombia (GTC), una plataforma de la red Cáritas en Europa y en los Estados Unidos, que brindan apoyo especialmente en zonas de conflicto.
Recientemente, durante la visita anual del GTC al país, algunos de sus miembros tuvieron “la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de Tumaco, y sostener encuentros con distintos actores sociales, institucionales e internacionales presentes en el país, para dialogar sobre los desafíos de la construcción de paz”. Así lo informó en un comunicado de prensa publicado en su portal la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).
Por la vida y la justicia
Acompañados por Martín Santiago Herrero, coordinador residente de las Naciones Unidas para Colombia, el GTC y el Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana se reunieron con Orlando Olave Villanova, obispo de Tumaco, para conocer “el trabajo pastoral que viene desarrollando la diócesis, incluyendo su impulso al Comité Tumaco Unidos por la Vida y la Justicia”.
Este comité, conformado por la Iglesia, organizaciones políticas, económicas y sociales, se encarga de gestionar respuestas multinivel a los problemas vividos en la zona. Entre sus logros se destaca “la creación de la Mesa de Diálogo Permanente, entre los Gobiernos nacional, departamental y local y el comité, así como la electrificación de los municipios de la costa norte, que no contaban con conexión eléctrica y el avance del viaducto sobre el río Mira, que unirá la región del Pacífico de Colombia y Ecuador”.
Cumplimiento integral de acuerdos
A raíz de su visita a Colombia y como parte de estos diálogos con los distintos sectores, el GTC realizó una serie de planteamientos en los que “quiere reconocer y valorar los procesos e iniciativas adelantadas por la sociedad civil en Tumaco y por su diócesis, para promover la paz y el desarrollo integral en el territorio pese a las enormes dificultades que enfrentan”.
En este sentido, al tiempo que se destaca el sentimiento de esperanza y compromiso para construir la paz desde la base de las comunidades, también denuncian “la alarmante situación de asesinatos y amenazas a los líderes y lideresas sociales y civiles que requiere que las autoridades brinden respuestas integrales y efectivas”, por lo cual resulta impostergable “el cumplimiento integral de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano en la costa Pacífica nariñense”.
Ausencia del Estado colombiano
El GTC destaca que los “puntos sensibles incluyen el programa de sustitución de cultivos de coca, la restitución de tierras, un enfoque étnico, la atención a víctimas en temas de verdad, justicia y reparación” problemas que se agudizan de cara a “la evidente ausencia del Estado colombiano en derechos sociales básicos como lo son: contar con un acueducto y alcantarillado, una red hospitalaria con los servicios básicos de atención en salud, obras de infraestructura, entre otros”.
Además, el narcotráfico “sigue teniendo gran influencia en Tumaco” y “hace que los distintos grupos ilegales sigan generando presión por el control territorial. Algunas de las consecuencias, son los altos índices de asesinatos, en especial de los jóvenes”.
Educación de calidad para los jóvenes
También resulta acuciante la necesidad de trabajar para mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos sus niveles, que “responda a las aspiraciones sentidas de los jóvenes, que les permita ser competitivos en el mundo laboral”, pues cada día los grupos al margen de la ley ejercen más influencia en esta población vulnerable.
“En lo que va del año, 200 personas han sido asesinadas en una población de 200 mil habitantes, según estima La Casa de la Memoria del Pacífico Nariñense”, acotaron.
Ante este escenario, el GTC reitera su compromiso como Iglesia, a través de su labor social, de continuar acompañando los diferentes procesos que permiten a la comunidad construir y fortalecer un proyecto común, teniendo como base las realidades del territorio y encaminado a una solución pacífica del conflicto.
